Autoridades de Estados Unidos investigan si los presuntos vínculos con el crimen organizado atribuidos al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también alcanzarían al actual mandatario de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quien enfrenta al menos dos procesos abiertos en cortes estadounidenses.
La Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Interna (DHS) abrieron expedientes relacionados con Rocha Moya y Villarreal Anaya por presunto lavado de dinero y supuesto financiamiento de cárteles mexicanos durante las campañas electorales de 2021 y 2022.
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Las indagatorias, que se encuentran en manos de fiscalías federales estadounidenses, incluyen testimonios y grabaciones de audio y video obtenidos de operadores financieros y electorales vinculados con Morena durante dichos procesos electorales.
Uno de los testimonios incorporados al expediente corresponde a Jocelyn Hernández Jiménez, identificada como operadora electoral y fundadora de Morena. Según su declaración, durante el proceso electoral en Sinaloa habría recibido instrucciones para coordinarse con Américo Villarreal, a quien señaló como su jefe directo en esa operación.
Hernández Jiménez también afirmó que presuntamente llegaban recursos provenientes del crimen organizado a la casa de campaña de Rocha Moya. Entre los nombres que mencionó como posibles financiadores se encuentra Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, señalado por las autoridades estadounidenses como uno de sus objetivos prioritarios.
Los testimonios fueron obtenidos en junio de 2023 mediante trabajos de inteligencia, cuando Hernández Jiménez viajó a Houston, Texas, para acudir a una entrevista laboral con la empresa Metra Ventures. En una grabación, la exoperadora afirmó que buscaban que incorporara a personas como servidores de la Nación.
Posteriormente, en diciembre de 2024, las personas que realizaron las grabaciones entregaron los testimonios bajo declaración jurada al Departamento de Justicia de Estados Unidos, específicamente en los distritos sur de Nueva York y Texas.
La investigación también retoma declaraciones de Hernández Jiménez sobre una presunta relación entre Rocha Moya y operadores políticos de Sinaloa después de las elecciones de 2021. La exmilitante sostuvo que recursos del crimen organizado habrían sido utilizados para obtener posiciones políticas y que parte del dinero habría sido resguardado en el extranjero para posteriormente financiar la campaña de Villarreal en Tamaulipas.
No obstante, Hernández Jiménez declaró el año pasado que la entrevista laboral en la que realizó dichas afirmaciones había sido manipulada. Además, en 2022 presentó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena una denuncia contra Américo Villarreal y su entonces secretario particular, Norberto Barrón, por presuntas violaciones a los estatutos y programas del partido durante el proceso electoral de Sinaloa.
El caso se mantiene bajo investigación de autoridades estadounidenses, por lo que las acusaciones señaladas en los testimonios forman parte de las indagatorias y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de responsabilidad.
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