José Elías “N”, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, y Martha Esther “N”, exdirectora del Centro de Justicia Municipal, fueron trasladados a distintos penales federales de máxima seguridad mientras continúan las audiencias para determinar su situación jurídica.
De acuerdo con información relacionada con el proceso, José Elías “N” y Farid Alí “N” fueron ingresados a un Centro Federal de Readaptación Social ubicado en Oaxaca, mientras que Martha Esther “N” fue trasladada al Cefereso número 16, en Morelos.
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Los traslados comenzaron desde Torreón por vía aérea. Los detenidos fueron llevados inicialmente a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México y posteriormente distribuidos en los diferentes centros penitenciarios federales.
El expediente también contempla a José Feliciano “N”, conocido como “El Olimpo”, y a Georgina “N”, con lo que el caso suma cinco personas detenidas.
Las investigaciones federales señalan como probables delitos el peculado y las operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de José Elías “N” y Martha Esther “N”. Para los otros tres detenidos, las indagatorias estarían relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El origen de la investigación se remonta a una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República en junio de 2025 por el senador Luis Fernando Salazar Fernández, relacionada con un presunto desfalco de 66 millones de pesos destinados al mantenimiento de pozos y bombas de agua en Torreón. Posteriormente, las investigaciones sobre el flujo de recursos ampliaron las líneas de investigación.
Como parte de las diligencias realizadas en Torreón, autoridades federales catearon cuatro inmuebles y aseguraron armas, dinero en efectivo, joyería, teléfonos celulares, computadoras, tabletas y documentación.
La Fiscalía General del Estado de Coahuila ha aclarado que no participó en el operativo federal y que tampoco tuvo conocimiento previo de las diligencias, debido al carácter reservado de la investigación. La FGR será la encargada de informar sobre los señalamientos y el desarrollo del proceso.
Ahora, las autoridades judiciales deberán determinar la situación jurídica de cada uno de los detenidos conforme avancen las respectivas audiencias.
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