Coahuila sigue enfrentando un problema serio de embarazo adolescente que, aunque ha mostrado una disminución en los últimos años, está lejos de resolverse y mantiene focos rojos especialmente graves entre niñas menores de 15 años. Un nuevo análisis elaborado por el Congreso del Estado en colaboración con Matatena A.C. advierte que el fenómeno no puede explicarse únicamente como un asunto de salud, sino como el resultado de una combinación de violencia sexual, desigualdad, falta de información, rezago educativo, pobreza y fallas de coordinación institucional.
El documento “Análisis, Monitoreo y Actualización Legislativa sobre Embarazo Adolescente” plantea que Coahuila necesita fortalecer sus leyes y políticas públicas para garantizar mejores condiciones de prevención, atención y protección. El estudio revisa estadísticas oficiales, legislación vigente, experiencias de otros estados y países, además de recoger opiniones de estudiantes, especialistas, docentes y personal vinculado con la atención de adolescentes.
Las cifras de 2024 reflejan la dimensión del problema. De los 39 mil 757 nacimientos registrados en Coahuila, 6 mil 289 correspondieron a adolescentes de entre 15 y 19 años y otros 197 a niñas menores de 15 años. En conjunto, los nacimientos de madres adolescentes representaron 16.4 por ciento del total registrado en la entidad. iwzXZ4_2a10c009918c9201.pdf
La distribución por edad muestra que hubo un nacimiento en una niña de 12 años, 32 en menores de 13 años, 162 a los 14, 459 a los 15, 885 a los 16, mil 344 a los 17, mil 569 a los 18 y 2 mil 32 a los 19 años
Aunque entre 2019 y 2024 se observa una reducción en los nacimientos entre niñas y adolescentes, el propio análisis advierte que el descenso ha perdido fuerza. La tendencia comenzó a estabilizarse y en 2024 los niveles se mantuvieron muy similares a los de 2023, lo que obliga a reforzar las estrategias de prevención.
El foco de mayor preocupación está en los 197 nacimientos de niñas menores de 15 años. El documento sostiene que estos casos deben analizarse bajo una perspectiva de protección especial, debido a su relación con situaciones de violencia sexual y a las graves consecuencias físicas, emocionales, educativas y sociales que pueden generar.
Saltillo concentró el mayor número de nacimientos en menores de 15 años durante 2024, con 56 casos; Torreón registró 36; Piedras Negras 14; Ramos Arizpe 13; Acuña 12 y Monclova 10. El estudio advierte, sin embargo, que estas cifras deben interpretarse considerando que las ciudades con mayor infraestructura hospitalaria también reciben pacientes procedentes de otros municipios. i
Otro dato relevante es la edad de los progenitores. En los casos de niñas menores de 15 años, la mayoría de los padres se encontraba entre los 16 y 20 años, pero también se documentaron hombres adultos de 21 a 28 años y casos aislados de 33, 35, 36 y hasta 48 años. En adolescentes de 15 a 19 años, más de 2 mil 500 progenitores tenían entre 20 y 34 años y 80 eran mayores de 35 años. El informe señala que estas diferencias de edad pueden reflejar relaciones asimétricas, coerción o condiciones de violencia
El análisis también muestra profundas diferencias entre regiones. Saltillo y Torreón concentran los mayores números absolutos de casos por su población, pero municipios rurales presentan proporciones más altas respecto del total de nacimientos. Hidalgo, Ocampo y Villa Unión son mencionados como ejemplos de localidades donde el embarazo adolescente tiene un peso mayor, lo que refleja desigualdades en el acceso a educación sexual, servicios de salud e información.
A ello se suma la movilidad de madres adolescentes. El 86.8 por ciento de las atendidas eran originarias de Coahuila y 13.2 por ciento procedían de otras entidades. Entre los principales estados de origen aparecen Durango, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Zacatecas y Chiapas. Saltillo y Torreón funcionan además como polos regionales de atención médica.
Entre las principales fallas detectadas se encuentran la insuficiencia de educación sexual integral, el acceso desigual a métodos anticonceptivos, la falta de servicios amigables para adolescentes y rutas poco claras para atender casos de violencia sexual. Los propios jóvenes consultados pidieron mayor información en las escuelas, orientación sin prejuicios, acceso gratuito a anticonceptivos y atención confidencial por parte del personal de salud.
El documento propone modificar diversas leyes estatales para convertir algunas políticas actuales en obligaciones permanentes. Entre las medidas planteadas se encuentran hacer obligatoria la educación sexual integral, fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva, garantizar anticonceptivos, evitar la deserción escolar de adolescentes embarazadas y mejorar la coordinación entre los sectores de educación, salud, justicia y protección de derechos
También se plantea establecer una ruta obligatoria para casos de embarazo en menores de 15 años, que incluya detección, protección inmediata, atención médica y psicológica, intervención de autoridades, continuidad escolar y seguimiento institucional.
Una de las propuestas centrales es crear una Ley Estatal para la Prevención y Atención Integral del Embarazo Adolescente, con presupuesto propio, indicadores públicos y metas medibles. El objetivo sería dar continuidad a las políticas sin depender de los cambios de administración y avanzar hacia dos metas: erradicar los embarazos en niñas menores de 15 años y reducir de manera significativa la fecundidad adolescente.
El diagnóstico concluye que Coahuila ya cuenta con instituciones y programas, pero todavía necesita convertir esas acciones dispersas en una estrategia más clara, obligatoria, coordinada y permanente, con mecanismos de evaluación que permitan conocer si realmente se están reduciendo los embarazos y protegiendo a niñas y adolescentes
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