Aunque Coahuila ha registrado una disminución general en los nacimientos de niñas y adolescentes, los casos de embarazo en menores de 15 años continúan presentándose y muestran fluctuaciones que mantienen vigente la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y atención.
De acuerdo con el estudio Análisis, Monitoreo y Actualización Legislativa sobre Embarazo Adolescente, elaborado con estadísticas de la Secretaría de Salud, durante 2024 se registraron 39 mil 757 nacimientos en Coahuila.
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De esta cifra, 6 mil 289 correspondieron a adolescentes de entre 15 y 19 años, mientras que 197 fueron de niñas menores de 15 años. En conjunto, los nacimientos de madres adolescentes representaron el 16.4% del total registrado durante ese año.
El análisis señala que entre 2019 y 2024 existe una tendencia general a la baja en los nacimientos de niñas y adolescentes de 11 a 19 años; sin embargo, esta reducción se ha desacelerado y muestra señales de estabilización.
En el caso específico de las menores de 15 años, los registros muestran variaciones. En 2019 se contabilizaron 270 nacimientos; para 2022 fueron 205, en 2023 aumentaron a 225 y durante 2024 descendieron nuevamente a 197 casos.
El estudio también advierte diferencias en las edades de los progenitores de estos casos. Aunque predominan personas jóvenes, se documentaron también progenitores hombres de 33, 35, 36 y hasta 48 años, además de casos en los que no fue especificada la edad.
La problemática tampoco se presenta de la misma manera en todo Coahuila. Mientras Saltillo y Torreón concentran cifras absolutas importantes, municipios como Hidalgo, Ocampo y Villa Unión presentan proporciones elevadas de embarazos adolescentes.
Ante este escenario, el análisis plantea que la atención debe considerar factores como las brechas educativas, desigualdad de género, falta de información, dificultades para acceder a métodos anticonceptivos, violencia sexual, pobreza y acceso limitado a servicios de salud adecuados para adolescentes.
Entre las acciones propuestas se encuentran fortalecer la educación sexual integral, garantizar servicios confidenciales y accesibles, establecer rutas de atención para posibles casos de violencia sexual y generar condiciones para que las adolescentes puedan continuar o retomar sus estudios.
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