La regulación de los establecimientos residenciales para la atención de personas con adicciones debe acompañarse de una mayor vigilancia y supervisión, ante los casos de fallecimientos registrados dentro de este tipo de centros, planteó el diputado Jorge Arturo Valdés, del Partido Verde Ecologista de México.
Durante su pronunciamiento ante el Congreso de Coahuila, el legislador solicitó reforzar los operativos de supervisión que realizan las autoridades de Salud, los ayuntamientos y la Fiscalía General del Estado para verificar que los establecimientos cumplan con las disposiciones establecidas en la nueva Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones del Estado.
Valdés recordó que esta legislación fue publicada a principios de año y establece mecanismos para conocer, registrar y dar seguimiento a los establecimientos que brindan tratamiento contra las adicciones.
Entre ellos se encuentra el Padrón de Alertamiento, mediante el cual la ciudadanía puede reportar a los ayuntamientos aquellos centros cuyo funcionamiento no sea del conocimiento de las autoridades. También contempla un Registro Censal con información sobre ubicación, población atendida, modelo de atención, tratamiento, duración y costos de los servicios.
El objetivo, explicó, es que las autoridades puedan realizar visitas de censo, diagnóstico y seguimiento, además de orientar a los establecimientos para que cumplan con los requisitos necesarios y puedan obtener su registro estatal y posteriormente buscar el reconocimiento correspondiente ante la autoridad federal.
El diputado destacó que los centros tienen obligaciones específicas para proteger a las personas que reciben tratamiento. Entre ellas se encuentra notificar al Ministerio Público los ingresos y egresos de usuarios en un plazo máximo de 24 horas, contar con profesionales de la salud especializados en atención de adicciones y evitar prácticas como tratamientos forzosos, aislamiento, hacinamiento o cualquier método coercitivo.
También está prohibido acudir a domicilios particulares para realizar ingresos de personas, mientras que la atención de mujeres debe estar a cargo exclusivamente de personal femenino. Los establecimientos, además, deben contar con un buzón para quejas y sugerencias.
Valdés señaló que entre enero de 2025 y la fecha se han registrado al menos ocho fallecimientos de personas al interior de establecimientos de atención a las adicciones en Coahuila, de los cuales siete corresponden a la Región Sureste.
Ante esta situación, pidió ampliar y fortalecer los operativos de supervisión, principalmente mediante la coordinación entre los ayuntamientos, las áreas de salud municipal, las jurisdicciones sanitarias, las corporaciones policiacas y las autoridades estatales
Advirtió que cuando se detecten incumplimientos a la legislación vigente deberán aplicarse las medidas correspondientes, incluyendo el aseguramiento o la suspensión de actividades por parte del Comité Estatal para la Supervisión de Establecimientos Especializados en Adicciones.
Finalmente, hizo un llamado a familiares y usuarios para denunciar cualquier anomalía, abuso o irregularidad que se presente dentro de estos centros, con el propósito de garantizar que los tratamientos se desarrollen bajo condiciones profesionales, éticas y seguras
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