NUEVA ROSITA, COAH.- Los hechos violentos registrados recientemente en una secundaria de Torreón llevaron al Colegio de Bachilleres de Coahuila a reforzar las medidas preventivas en sus planteles, con especial atención en el ingreso de personas externas y la detección oportuna de situaciones de riesgo.
Diana Gabriela Sifuentes Flores, coordinadora del sistema COBAC en la Región Carbonífera, informó que desde el inicio del ciclo escolar se establecieron protocolos para mantener cerradas las puertas de los planteles a personas ajenas a la comunidad educativa.
Explicó que estas acciones buscan proteger tanto a estudiantes como a docentes y personal administrativo, además de mantener un mayor control sobre quienes ingresan a las instalaciones escolares.
Como parte de las medidas preventivas, el COBAC mantiene operativos mochila mediante un convenio de colaboración con la Policía Civil del Estado y con el consentimiento de madres y padres de familia, acciones en las que también participan binomios caninos.
Sifuentes Flores señaló que la seguridad no se limita a la vigilancia física de los planteles, pues también se trabaja en la prevención de conductas violentas mediante actividades académicas y pláticas dirigidas a los jóvenes.
En este esquema participan psicólogos y especialistas que buscan fortalecer la salud mental de los estudiantes, detectar posibles situaciones de riesgo y canalizar a quienes requieren atención profesional.
La coordinadora agregó que existe colaboración con el Centro LIBRE para las Mujeres, CAIF y psicólogos del DIF, con el propósito de fortalecer la convivencia, prevenir la violencia y generar ambientes seguros dentro y fuera de las instituciones educativas.
Reconoció que durante estas acciones se han detectado algunos casos que requieren atención, pero destacó que los estudiantes son canalizados con profesionales para recibir acompañamiento y evitar que las situaciones puedan escalar.
El COBAC mantiene así una estrategia preventiva que combina controles de acceso, revisiones, coordinación con corporaciones de seguridad, atención psicológica y trabajo con las familias, ante la necesidad de fortalecer la protección de los jóvenes en los espacios educativos. Estas medidas coinciden con los lineamientos estatales que establecen la obligación de identificar factores de riesgo, atender casos de violencia y fortalecer la coordinación entre autoridades educativas y otras instituciones.
