El Parlamento de Israel (knéset) autorizó este miércoles al ministerio de Salud a revelar a otras autoridades del país las identidades de aquellas personas no vacunadas contra el COVID-19, lo que provoca inquietud sobre la privacidad de los ciudadanos que rechacen inocularse.
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La ley, aprobada por 30 votos a favor y 13 en contra, brinda a las autoridades locales, al director general del ministerio de Educación y a algunos miembros del ministerio de Asuntos Sociales la facultad de obtener nombres, direcciones y teléfonos de personas no vacunadas.
El objetivo del texto, válido durante tres meses o hasta que se decrete el fin de la pandemia, es “ayudar a que estas organizaciones incentiven la vacunación de las personas comunicándose personalmente con ellas”, de acuerdo a un comunicado de prensa del Parlamento.
Israel ya ha administrado las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech a tres millones de personas; o sea, alrededor de una tercera parte de la población (estimada en unos nueve millones de personas).
El gobierno autorizó a partir del domingo la reapertura de los centros comerciales y las tiendas, en el marco de su tercer desconfinamiento desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.
Aunque algunos sitios están abiertos para todos, otros son solamente accesibles para quienes porten un “distintivo verde”, que significa que ya han recibido las dos dosis de la vacuna o que se han curado de la enfermedad, lo que parte de la población considera una forma de discriminación.