Coahuila se convirtió en el primer estado en suscribir el convenio para ampliar los principios éticos conocidos como “3 de 3”. Este acuerdo, rubricado antes de que se convirtiera en una obligación constitucional, establece condiciones para quienes aspiren a candidaturas, garantizando que no sean deudores alimentarios ni hayan sido enjuiciados por violencia de género o violencia familiar.
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El presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Coahuila, Magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, enfatizó que estas medidas son fundamentales para garantizar un proceso electoral transparente y ético. Al firmar este convenio, se comprometen a expedir, por parte del poder judicial, las constancias correspondientes solicitadas por el Instituto Estatal Electoral.
Esto permitirá evaluar la idoneidad de quienes deseen postularse como regidores, alcaldes o diputados federales en la contienda de senadores para el 2024 en Coahuila.
En este contexto, el Magistrado destacó que no se presentó ningún caso en el que las personas no pudieran registrarse, subrayando el éxito de estos esfuerzos. Hizo hincapié en la importancia de acciones positivas, como el registro estatal de deudores alimentarios, que, gracias a su ejemplo, se convirtió en una ley nacional con sanciones establecidas.
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El Magistrado Mery Ayup señaló la trascendencia de no fallar en este tema, considerándolo un requisito constitucional. Hizo referencia al artículo 38 de la Constitución, que ha ampliado los compromisos éticos de “3 de 3” a “8 de 8”. Este marco incluye la comisión de delitos contra la vida, integridad corporal, libertad y seguridad sexual, así como la violencia familiar y de género.
El compromiso del poder judicial coahuilense de adherirse a principios éticos rigurosos refuerza la idea de un proceso electoral justo y transparente. El Magistrado Mery Ayup subrayó la relevancia de estas acciones en la consolidación de prácticas que buscan fortalecer la democracia y fomentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.