La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá si el Fondo de Pensiones del Bienestar es constitucional. Este fondo maneja más de 40 mil millones de pesos de las afores inactivas de personas mayores de 70 años. Los diputados promovieron una acción de inconstitucionalidad, y el caso fue asignado a la ministra Loretta Ortíz Ahlf para elaborar el proyecto de sentencia que debatirá el pleno del tribunal.
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El pasado 25 de abril, el Senado aprobó con 70 votos a favor, 43 en contra y dos abstenciones, el proyecto de decreto para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo busca garantizar una pensión digna a las personas trabajadoras, especialmente a las más vulnerables económicamente. El decreto modifica varias leyes, incluyendo las del Seguro Social, el Infonavit, el ISSSTE, los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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También reforma la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y extingue la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, abrogando su Ley Orgánica. El decreto entró en vigor el 1 de mayo, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Además de la acción de inconstitucionalidad, 727 personas, trabajadores del sector público y privado, promovieron un amparo. Argumentan que la reforma viola sus derechos al transferir la administración de su dinero al Fondo de Pensiones del Bienestar, en lugar de las administradoras que eligieron. La demanda señala que esta reforma afecta relaciones contractuales y viola el principio de seguridad jurídica.
La ministra Loretta Ortíz Ahlf elaborará el proyecto de sentencia para que el tribunal pleno debata y decida sobre la constitucionalidad del Fondo de Pensiones del Bienestar.