El Gobierno de México presentó oficialmente el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030. Este documento guiará las políticas públicas durante los próximos seis años. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación luego de ser aprobado por la Cámara de Diputados.
Uno de los avances más importantes del plan es el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Esto les otorga personalidad jurídica y patrimonio propio, además de reforzar su derecho a la libre determinación y autonomía.
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Este nuevo enfoque se logró tras un proceso participativo. Se realizaron 57 foros de consulta en todo el país, donde participaron los 68 pueblos indígenas y representantes afromexicanos. A través de estos encuentros, se integraron sus propuestas al documento final.
Como parte de esta inclusión, se creó un eje transversal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Este eje establece que todas las políticas del Estado deben respetar sus derechos colectivos y promover la interculturalidad, la igualdad sustantiva y la justicia social.
El plan también menciona que se implementarán los Planes de Justicia y Desarrollo Regional. Estos tienen como propósito canalizar recursos y crear políticas públicas desde las necesidades de las comunidades originarias. Se priorizará el fortalecimiento de su patrimonio cultural, lingüístico y territorial.
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