Durante su gira por Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó los avances del Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo en Tlachistlahuaca. Ahí resaltó la disminución de la pobreza en México.
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La mandataria informó que entre 2018 y 2024, un total de 13.5 millones de personas salieron de la pobreza gracias a políticas de apoyo dirigidas a la población más vulnerable.
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En el caso de las comunidades indígenas, explicó que la pobreza disminuyó 9.5 puntos porcentuales. Pasó de 70.3% en 2018 a 60.8% en 2024. Esto significa que alrededor de medio millón de personas indígenas mejoraron sus condiciones de vida en ese periodo. Se trata de un cambio considerado histórico.
Sheinbaum destacó que después de 36 años en los que la pobreza aumentó, por primera vez se registra una reducción significativa. Aseguró que esto ocurre porque ahora se gobierna para la mayoría. Explicó que los recursos públicos se destinan en su totalidad a la población. Los impuestos, afirmó, se devuelven en forma de programas sociales, obras y acciones de bienestar.
Este año, el gobierno federal destina 850 mil millones de pesos a los programas sociales. Se trata de una gran inversión en la historia del país.
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El siguiente piso de la cuarta transformación
Durante su mensaje, recordó que se da continuidad a los planes de justicia para pueblos indígenas y afrodescendientes, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
En el caso del pueblo Amuzgo, los habitantes eligen en asambleas las prioridades en salud, educación, caminos, cultura y servicios. El gobierno financia estas decisiones comunitarias. Sheinbaum subrayó que, por primera vez, los pueblos indígenas reciben directamente el presupuesto. Señaló que en agosto y septiembre todas las comunidades contarán con estos recursos.
Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, explicó que los planes de justicia inciden en la reducción de la pobreza. Se enfocan en tres áreas: economía, derechos sociales e infraestructura básica. Según el funcionario, la clave es que las comunidades deciden cómo invertir el presupuesto. Esto permite que los recursos tengan un impacto directo en el bienestar regional.
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