La detención de Nicolás Maduro, anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió un escenario inédito en la política venezolana. El país enfrenta un momento de incertidumbre institucional y una compleja disputa por el control del poder.
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De acuerdo con el marco constitucional venezolano, la ausencia absoluta del presidente activa una línea de sucesión definida. Sin embargo, la situación en Caracas refleja un contexto tenso, con fuerte presencia militar y un clima de inestabilidad.
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Según la Constitución, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, debería asumir el mando del país. Horas después de los hechos, Rodríguez declaró que se desconoce el paradero de Maduro y de su esposa.
Delcy Rodríguez no es una figura secundaria dentro del aparato estatal. Además de la vicepresidencia, ocupa la cartera de Hidrocarburos y ha encabezado negociaciones internacionales relevantes.
Su influencia se ve reforzada por su vínculo con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Ambos concentran el control de dos instituciones clave para la gobernabilidad.
Jorge Rodríguez fue el encargado de juramentar a Maduro para un nuevo mandato, proceso cuestionado por la oposición y varios gobiernos. Su papel resulta central en cualquier escenario de sucesión.
No obstante, ambos hermanos enfrentan sanciones internacionales, lo que limita su margen de maniobra en el exterior. Esta situación complica el reconocimiento internacional de un eventual nuevo gobierno.
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