Con el objetivo de poner fin a abusos y prácticas opacas en el servicio de grúas, arrastre y corralón, la diputada Edith Hernández Sillas presentó un Punto de Acuerdo mediante el cual se envía un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para que, en coordinación con los 38 ayuntamientos de Coahuila, se implementen acciones que obliguen a las empresas del ramo a publicar de manera visible sus precios y tarifas.
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La legisladora explicó que esta medida no solo busca proteger la economía de las familias, sino también hacer cumplir la ley y erradicar los abusos que, de manera recurrente, se presentan en este sector. Recordó que en todas las leyes de ingresos municipales existe un capítulo específico relacionado con el servicio de arrastre o arrastre y almacenaje, lo que confirma que se trata de un servicio regulado.
Hernández Sillas detalló que, conforme a la normatividad vigente, este servicio puede prestarse de distintas formas en los municipios: directamente por el ayuntamiento, mediante concesiones o convenios con empresas privadas, o bien por empresas que operan de manera libre. Sin embargo, subrayó que independientemente de la modalidad, todas están obligadas a transparentar sus costos.
En ese sentido, citó la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual establece con claridad que los proveedores deben informar y respetar los precios, tarifas y condiciones de los servicios que ofrecen. En particular, el artículo 7 señala que los precios deben ser informados al consumidor y respetados en todos sus términos, prohibiendo cualquier tipo de negativa o alteración arbitraria en la prestación del servicio.
La diputada señaló que uno de los principales mecanismos utilizados por algunas empresas de grúas para cometer fraudes y abusos es precisamente la opacidad en el manejo de sus tarifas, lo que les permite actuar de manera discrecional, ilegal y arbitraria en perjuicio de la ciudadanía.
Por ello, el exhorto plantea que PROFECO, en coordinación con los municipios, verifique, supervise y exija que los precios se encuentren a la vista del usuario, tanto en los inmuebles como en cualquier tipo de publicidad, garantizando así certeza, legalidad y transparencia.
Finalmente, Hernández Sillas afirmó que este Punto de Acuerdo busca cerrar espacios a la corrupción, fortalecer la protección al consumidor y asegurar que los servicios de grúas y arrastre operen con reglas claras, justas y en beneficio de todas y todos los coahuilenses
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