Una pareja originaria de Cuatro Ciénegas, acusada de delitos graves como violación a menores, abuso sexual, corrupción y trata de personas, podría enfrentar una condena histórica de hasta 500 años de cárcel. Esto ocurriría si se integran tres denuncias pendientes al proceso penal actual y se confirman las agresiones contra cinco víctimas.
Así lo señaló el doctor en derecho penal, César García Diosdado, quien explicó que la legislación vigente en el estado permite sanciones acumulativas. El experto detalló que el marco legal es severo cuando se acredita el delito de violación a menores, especialmente si existen agravantes como el abuso de poder o la confianza por parte de los agresores.
Sanciones por violación a menores y abuso sexual en Coahuila
De acuerdo con el análisis jurídico, la violación equiparada contempla una pena base de entre 10 y 17 años de prisión. Sin embargo, cuando se confirma la violación a menores o personas sin capacidad de comprender el acto, la sanción se aplica en su rango máximo. El abogado precisó que estas penas se incrementan si el agresor es un tutor, familiar o cuidador.
Publicidad NRT

En cuanto al abuso sexual, la pena base oscila entre seis y 10 años. No obstante, bajo el Código Penal del Estado de Coahuila, si las víctimas son menores de edad, la sanción puede elevarse hasta un rango de 18 a 40 años de cárcel, según lo estipulado en el artículo 227.
Acumulación de penas y trata de personas
Respecto al delito de trata de personas, García Diosdado indicó que la ley federal establece de 15 a 30 años de prisión por explotación sexual. La clave en este caso es la acumulación de penas por cada víctima afectada. Si se comprueban los cargos en las cinco víctimas, el concurso real de delitos permitiría condenas que oscilan entre los 250 y 500 años de prisión.
El especialista subrayó que las autoridades deben priorizar el interés superior de la infancia para evitar la revictimización durante el proceso. Finalmente, recordó que los jueces tienen la facultad de recabar pruebas de oficio para garantizar que casos de violación a menores no queden impunes y se aplique la máxima protección de los derechos humanos.

