La diputada Zulmma Guerrero Cázares presentó un punto de acuerdo para exhortar a autoridades federales, estatales y municipales a fortalecer las acciones de información, orientación y responsabilidad en la comercialización de motocicletas, con el objetivo de prevenir riesgos y proteger la vida de las personas en Coahuila.
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El llamado incluye a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, a la Procuraduría Federal del Consumidor, a dependencias estatales en materia de movilidad y economía, así como a los 38 ayuntamientos del estado, ante el crecimiento acelerado del uso de motocicletas como alternativa de transporte.
De acuerdo con la legisladora, este fenómeno responde a factores económicos y a la facilidad de acceso a estos vehículos, ya que actualmente pueden adquirirse mediante esquemas de financiamiento con enganches mínimos y pagos semanales accesibles. Sin embargo, advirtió que esta facilidad ha generado una brecha importante entre la compra del vehículo y su uso adecuado.
“En muchos casos, la decisión de compra se basa en la inmediatez del crédito y no en la información sobre las condiciones de uso”, señala el planteamiento.
Guerrero Cázares indicó que esta situación ya se refleja en las calles, donde es cada vez más común observar motocicletas sin placas, conductores sin casco, menores de edad manejando y unidades sin regularización, lo que incrementa los riesgos de accidentes y pone en peligro tanto a los usuarios como a terceros.
La diputada subrayó que el problema se origina desde el proceso de comercialización, donde se prioriza la facilidad de pago sin incorporar de manera sistemática información básica sobre requisitos legales, uso de equipo de protección y condiciones mínimas de seguridad.
Ante este panorama, el exhorto plantea fortalecer la coordinación entre autoridades en materia económica, de movilidad y protección al consumidor, a fin de implementar estrategias preventivas que atiendan el problema desde su origen.
Entre las acciones propuestas se contemplan campañas de información dirigidas a la ciudadanía, la promoción de mecanismos de corresponsabilidad por parte de los establecimientos comerciales y la apertura de mesas de trabajo interinstitucionales.
Estas mesas permitirían analizar la viabilidad de incorporar requisitos mínimos de información o incluso la acreditación de conocimientos básicos para la adquisición de motocicletas, con el fin de garantizar un uso más seguro.
La legisladora enfatizó que el objetivo no es restringir el acceso a este tipo de transporte, sino acompañarlo con condiciones que permitan reducir riesgos y fomentar una movilidad más ordenada y responsable.
Finalmente, reiteró la importancia de actuar de manera preventiva y coordinada para proteger la vida de las personas, en un contexto donde el uso de motocicletas continúa en aumento en todo el estado.
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