El estado de Nuevo México presentó una demanda contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos y su secretario interino, Todd Blanche, al acusarlos de impedir el acceso a información considerada esencial para continuar con la investigación sobre los presuntos delitos sexuales relacionados con el financiero Jeffrey Epstein.
La acción legal fue interpuesta este miércoles ante un tribunal federal en Washington, D.C., donde la administración estatal sostiene que las autoridades federales han obstaculizado las indagatorias encabezadas por el fiscal general Raúl Torrez, limitando el intercambio de información y afectando tanto el avance del caso como los derechos de las víctimas.
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De manera paralela a la presentación de la demanda, el gobierno de Nuevo México dio a conocer los resultados preliminares de su propia investigación sobre Epstein y las actividades presuntamente ocurridas en una de sus propiedades ubicadas en ese estado.
Según el documento judicial, la oficina del fiscal ha enfrentado una negativa constante para obtener expedientes y evidencias que, en investigaciones anteriores, eran compartidos entre autoridades estatales y federales. Torrez aseguró que su equipo ha realizado 10 solicitudes formales de información, las cuales, afirmó, han sido rechazadas o ignoradas.
El fiscal criticó la postura del Departamento de Justicia y señaló que el secretario interino Todd Blanche tiene la facultad de autorizar la entrega de la documentación requerida. Sin embargo, acusó a la dependencia de mantener una actitud de bloqueo y falta de cooperación.
En respuesta, el Departamento de Justicia explicó que no ha entregado la información solicitada debido a que existen órdenes de tribunales federales que prohíben divulgar datos que puedan revelar la identidad de las víctimas sin el respaldo legal correspondiente. La institución añadió que la protección de las personas afectadas sigue siendo una prioridad, aunque reiteró su disposición para colaborar dentro de los límites establecidos por la ley.
La demanda sostiene que la información retenida podría ser clave para esclarecer posibles delitos cometidos por Epstein y sus presuntos cómplices, además de representar una oportunidad para avanzar en la búsqueda de justicia para los sobrevivientes.
Jeffrey Epstein murió en agosto de 2019 en una cárcel federal de Nueva York, donde permanecía detenido tras ser acusado de tráfico sexual. Por su parte, su exnovia Ghislaine Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión luego de ser declarada culpable en 2021 por delitos relacionados con tráfico sexual. Durante ese juicio, algunos testimonios señalaron que ambos habrían cometido abusos contra mujeres en una propiedad localizada en Stanley, Nuevo México.
La finca fue adquirida por Epstein en 1993 al exgobernador demócrata Bruce King, donde posteriormente construyó una mansión con pista de aterrizaje privada y helipuerto. Tras su muerte, el inmueble fue vendido en 2023 a la familia de Don Huffines, actual contralor estatal de Texas, quien anunció que el lugar fue renombrado como San Rafael Ranch y será destinado a un retiro cristiano.
Desde diciembre, el Departamento de Justicia comenzó a publicar documentos relacionados con los casos de Epstein y Maxwell en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein. No obstante, legisladores, víctimas y organizaciones han cuestionado la utilidad del material difundido, al considerar que gran parte de los documentos presentan amplias censuras o corresponden a información que ya era de conocimiento público.
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