La clausura de una estación de servicio al oriente de Monclova por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ha generado una reacción positiva entre los gasolineros de Coahuila, quienes ven en este operativo un avance real contra el mercado ilícito de hidrocarburos.
El operativo, realizado bajo la carpeta de investigación FED/COAH/MONC/0000542/2026, es interpretado por el sector como una señal de coordinación efectiva entre las autoridades federales y estatales para frenar el robo de combustible en la región centro del estado.
Gasolineros de Coahuila exigen legalidad en el mercado
Juan Gerardo Oyervides Rodríguez, empresario del ramo, señaló que los gasolineros de Coahuila consideran esta acción como un mensaje claro para quienes comercializan combustible sin cumplir con los requisitos fiscales. Explicó que el gremio atraviesa una etapa crítica debido al control de precios, lo que reduce los márgenes de ganancia frente a la competencia desleal.
Actualmente, el precio de la gasolina Magna ronda los 24 pesos y el diésel los 27.30 pesos. Según el empresario, mantener estos costos es un reto para los negocios legales que cumplen con impuestos y regulaciones de la Comisión Reguladora de Energía, a diferencia de quienes operan con producto de procedencia ilícita.
Impacto del huachicol en la economía regional
Oyervides Rodríguez afirmó que el sector formal respalda las inspecciones para detectar el llamado “huachicol”, pues este delito no solo afecta a Pemex, sino que daña la estabilidad de los negocios establecidos. Los gasolineros de Coahuila piden que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias para desarticular las redes de distribución ilegal.
El representante recordó que el gobernador Manolo Jiménez ha mantenido una política de cero tolerancia a la delincuencia, lo cual se refleja en este golpe al sector vinculado al robo de hidrocarburos. Se sospecha que la estación clausurada podría formar parte de una red más amplia con presencia en diversas regiones del país.
Finalmente, los gasolineros de Coahuila insistieron en la necesidad de un “piso parejo”. Reiteraron que solo mediante el cumplimiento de la normativa y la compra directa a proveedores autorizados se podrá garantizar una competencia justa que beneficie al consumidor final y a las finanzas públicas.