Una ejecutiva bancaria fue detenida y vinculada a proceso tras detectarse un presunto desfalco de 12 millones de pesos en una institución financiera de Monclova. La empleada, quien tenía poco tiempo en un cargo de nivel superior, habría aprovechado su acceso a llaves digitales para desviar los recursos en apenas ocho semanas.
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la investigación inició el mes pasado tras una denuncia formal presentada por los representantes legales del banco. La acusada permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial.
Detalles sobre el desfalco de 12 millones en la Región Centro
Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía en la Región Centro-Desierto, informó que la imputada fue promovida recientemente a un puesto que le otorgó códigos de operación. Estos accesos fueron utilizados para realizar transferencias irregulares hacia cuentas personales durante un periodo de dos meses.
El desfalco de 12 millones fue descubierto mediante los mecanismos de auditoría interna y arqueos de la propia institución. Tras detectar movimientos inusuales, el banco procedió a realizar una revisión exhaustiva que confirmó el faltante y permitió identificar a la presunta responsable.
Investigación y aseguramiento de recursos
Como parte de las diligencias, la Fiscalía solicitó el congelamiento de las cuentas bancarias vinculadas a la investigada, donde se localizaron parte de los recursos sustraídos. Lazo Chapa precisó que el dinero afectado pertenece a la institución y no a depósitos de clientes particulares.
El juez de control determinó la vinculación a proceso y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Durante este tiempo, el Ministerio Público buscará fortalecer las pruebas sobre el desfalco de 12 millones para determinar si existen más implicados, aunque hasta ahora se señala a una sola persona.
Este caso se suma a otros incidentes de abuso de confianza en la región, reforzando las acciones de la Fiscalía para combatir delitos financieros y asegurar la reparación del daño en el sector empresarial y bancario.