María del Rosario Navarro Sánchez, “La Chayo”, y Gustavo Castro Medina, dos ciudadanos mexicanos trasladados a Estados Unidos en enero pasado, se declararon culpables de diversos delitos relacionados con el tráfico de drogas, armas y personas, así como de brindar apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que ambos formaban parte de un grupo de 37 integrantes de organizaciones criminales entregados por el Gobierno de México a las autoridades estadounidenses.
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Según los fiscales, los acusados participaron en el ingreso ilegal de metanfetamina y migrantes a territorio estadounidense con fines de lucro. Posteriormente, habrían ampliado sus actividades para adquirir armas de alto poder en Estados Unidos y enviarlas de manera clandestina a México para el CJNG.
“La Chayo” admitió tráfico de armas y personas
Navarro Sánchez, de 40 años y originaria de México, reconoció ante las autoridades estadounidenses su participación en una conspiración para proporcionar apoyo material al CJNG mediante el tráfico de armas hacia México.
Los documentos judiciales señalan que la mujer conocía las actividades violentas atribuidas por las autoridades estadounidenses al grupo criminal, entre ellas secuestros, homicidios y ataques con explosivos y armas de fuego.
También admitió haber recurrido a traficantes de personas para trasladar ilegalmente migrantes desde México hacia Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Justicia, algunas de las casas de seguridad que utilizaba en El Paso, Texas, eran empleadas para almacenar armas y narcóticos.
En agosto de 2023, Navarro Sánchez negoció con agentes encubiertos la adquisición de 20 rifles AK-47 y dos rifles calibre .50. Las armas, según la investigación, serían enviadas posteriormente a México para facilitar actividades relacionadas con el tráfico de metanfetamina y otros narcóticos hacia Estados Unidos.
Operativo frustró compra de armas
Gustavo Castro Medina, de 29 años, también reconoció su participación en la operación para adquirir y sacar ilegalmente las armas de Estados Unidos.
De acuerdo con las autoridades, Castro Medina actuó como intermediario y transfirió 3 mil dólares a un agente encubierto como pago inicial por el armamento, cuyo precio total había sido acordado en 66 mil dólares.
El 21 de agosto de 2023, dos cómplices acudieron a un punto establecido en El Paso con los 63 mil dólares restantes para recibir las armas. Una vez concretado el intercambio, los agentes encubiertos entregaron el armamento y los involucrados fueron detenidos por las autoridades que esperaban en el sitio.
Castro Medina también reconoció un incidente ocurrido en noviembre de 2020, cuando fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza mientras conducía un Nissan Sentra en Sierra Blanca, Texas.
Durante una revisión secundaria, las autoridades encontraron varios paquetes ocultos debajo de una modificación del vehículo. Los paquetes contenían metanfetamina cristalina, con un peso total de 36.36 kilogramos, según los documentos del caso.
¿Qué penas podrían recibir?
Navarro Sánchez fue acusada de cuatro cargos, entre ellos posesión de metanfetamina con intención de distribuirla, conspiración para traficar armas, conspiración para introducir extranjeros ilegalmente a Estados Unidos y conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.
Por estos delitos, enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. La sentencia será determinada posteriormente por un juez federal, quien deberá considerar las normas federales para la imposición de penas y otros factores legales.
Castro Medina se declaró culpable de posesión de metanfetamina con intención de distribuirla y de conspiración para traficar armas de fuego. También enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años y una máxima de cadena perpetua. La fecha de su sentencia todavía no ha sido establecida.
Investigación contó con cooperación entre México y EU
El caso fue investigado por diversas agencias estadounidenses, entre ellas el FBI, la ATF, la DEA y HSI, con apoyo de la Patrulla Fronteriza en El Paso.
El Departamento de Justicia destacó además la colaboración de los agregados jurídicos de la ATF en Ciudad de México y de la Fiscalía General de la República (FGR-FEMDO).
Las autoridades estadounidenses señalaron que la designación del CJNG como organización terrorista extranjera incrementa las consecuencias legales para quienes colaboren con el grupo criminal.
El fiscal federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas, afirmó que el caso forma parte de los esfuerzos para afectar las finanzas de organizaciones criminales designadas como terroristas.
Por su parte, Robert “Eric” Castañeda, agente especial a cargo de la división de El Paso de la DEA, señaló que estas declaraciones de culpabilidad forman parte de las investigaciones que la agencia mantiene contra el CJNG y sus colaboradores.
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