La violencia escolar podría convertirse en un delito específico en Coahuila, con penas de hasta cuatro años de prisión, multas económicas, agravantes y medidas de protección para las víctimas, de aprobarse una iniciativa presentada por la diputada Magaly Hernández Aguirre para reformar el Código Penal del estado.
La propuesta plantea adicionar un nuevo capítulo denominado “Violencia en el Entorno Escolar” y crear los artículos 216 Bis al 216 Septies, con el objetivo de establecer con claridad qué conductas serán sancionadas, quiénes forman parte de la comunidad educativa y qué medidas deberán aplicarse cuando se registren agresiones dentro o fuera de los planteles.
Hernández Aguirre argumentó que el problema ha dejado de limitarse al alumnado y que actualmente también alcanza a docentes, madres y padres de familia, personal directivo, administrativo, de supervisión y de apoyo.
De acuerdo con la exposición de motivos, uno de cada cinco estudiantes de 15 años en México reportó haber sufrido bullying varias veces al mes o con mayor frecuencia, mientras que entre 2023 y 2025 aumentaron más de 20 por ciento las atenciones hospitalarias de niñas, niños y adolescentes por violencia física ocurrida en escuelas.
En Coahuila, la iniciativa señala que durante el último año se reportaron 45 casos de acoso escolar y que en algunos municipios las quejas llegaron a registrarse a un ritmo de hasta tres por semana.
También se contabilizaron más de 26 expedientes abiertos por posibles actos de violencia sexual contra estudiantes dentro de planteles educativos.
La legisladora añadió que cuatro de cada diez maestras y maestros en Coahuila han enfrentado algún tipo de violencia dentro o fuera de la escuela, mientras que más del 13 por ciento de la población adulta manifestó sentirse insegura en estos espacios.
La reforma propone definir como violencia en el entorno escolar las agresiones físicas o sexuales, violencia digital, intimidación, hostigamiento, acoso o insultos contra cualquier integrante de la comunidad educativa cuando afecten su integridad física, psicológica, emocional o su vida.
La pena propuesta será de seis meses a cuatro años de prisión y de 50 a 200 días multa, además de que el juez podrá ordenar tratamiento psicológico especializado para la persona sentenciada.
Las sanciones podrían aumentar hasta en una mitad cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad, adulta mayor o mujer embarazada; cuando el agresor aproveche una posición de autoridad o confianza; cuando intervengan dos o más personas, o cuando las conductas se realicen mediante tecnologías de información y comunicación.
El proyecto también establece que las víctimas tendrán derecho a atención médica y psicológica, reparación integral del daño y órdenes de protección cuando sean necesarias.
En los casos que involucren a niñas, niños, adolescentes o mujeres, se plantea que las autoridades adopten medidas reforzadas para salvaguardar su integridad, seguridad, dignidad y bienestar.
Cuando la conducta sea atribuida a una persona adolescente, la iniciativa propone privilegiar medidas de prevención, orientación, protección y justicia restaurativa, sin excluir la aplicación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en casos graves.
Además, se establece la obligación de reparar integralmente el daño. Si la persona adolescente no puede hacerlo por sí misma, la responsabilidad recaería de manera mancomunada y solidaria en la madre, padre o tutor.
La propuesta también contempla castigos para denuncias falsas realizadas con la intención de inculpar a otra persona, aplicando las mismas penas previstas para el delito de violencia en el entorno escolar.
La iniciativa busca, según su exposición de motivos, evitar que estas conductas se normalicen y garantizar que aprender, enseñar y convivir ocurra en espacios más seguros
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