Una propuesta presentada en el Congreso de Coahuila busca endurecer las sanciones para quienes cometan violencia familiar y elevar hasta ocho años la pena máxima de prisión contemplada para este delito.
La iniciativa plantea modificar el marco legal estatal con el objetivo de fortalecer las herramientas de protección para las víctimas y establecer consecuencias más severas para quienes ejerzan violencia dentro del entorno familiar.
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Actualmente, el artículo 251 del Código Penal de Coahuila establece una pena de seis meses a seis años de prisión por violencia familiar, además de otras medidas que pueden incluir la pérdida de derechos respecto de la víctima, restricciones al régimen de visitas y tratamiento psicológico especializado.
El delito contempla distintas formas de violencia, entre ellas la física, psicológica, patrimonial, económica, sexual y vicaria, y puede configurarse incluso cuando la agresión no produce lesiones.
La legislación estatal también establece agravantes dependiendo de las lesiones ocasionadas a la víctima. En determinados casos, las penas pueden incrementarse cuando se producen lesiones de mayor gravedad o cuando la violencia familiar recae sobre una mujer por razón de género.
La propuesta busca reforzar este marco para que las agresiones dentro del núcleo familiar tengan una respuesta penal más contundente, además de fortalecer las medidas orientadas a la protección de quienes enfrentan situaciones de violencia.
El tema cobra relevancia ante la incidencia de este delito en la entidad. Datos citados recientemente a partir de registros oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican a Coahuila entre los estados con las tasas más altas de violencia familiar durante 2026.
En el estado también existen mecanismos especializados para atender estos casos. El Poder Judicial de Coahuila cuenta desde 2021 con Juzgados Especializados en Violencia Familiar contra la Mujer, enfocados en la prevención, atención y sanción de este tipo de violencia.
La propuesta deberá continuar con el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en una modificación vigente al Código Penal estatal.
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