La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey, advirtió que cualquier denuncia formal por hostigamiento o acoso laboral debe recibir trámite por parte de la autoridad competente, aunque aclaró que el INE tendría que revisar primero si cuenta con atribuciones para intervenir directamente en el caso denunciado dentro del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Humphrey actualmente forma parte del Consejo General del INE.
La postura surgió luego de ser cuestionada sobre señalamientos de personal del IEC contra una consejera electoral y sobre la renuncia de Mónica D., quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Paridad e Inclusión y atribuyó su salida a un presunto hostigamiento y acoso laboral que señaló contra la consejera Leticia Bravo Ostos.
Humphrey evitó pronunciarse sobre el fondo del caso porque aseguró no conocer directamente las denuncias ni los documentos que las acompañan.
“En este momento yo no tengo conocimiento como tal de que se haya presentado alguna queja o alguna denuncia”, señaló.
Sin embargo, fue clara al sostener que ninguna autoridad puede simplemente ignorar una denuncia cuando reúne los requisitos necesarios.
“Todas las autoridades de este país, todas, tienen la obligación. Si se cumple con los elementos necesarios para tramitar cualquier queja o denuncia ante cualquier autoridad, se le tiene que dar el trámite correspondiente”, afirmó.
La consejera explicó que el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales son instituciones distintas y que el órgano nacional no funciona como superior jerárquico del personal que trabaja en los institutos estatales.
Por esa razón, dijo, antes de que el INE pudiera intervenir tendría que realizarse un análisis jurídico para determinar si existe competencia federal o si el asunto corresponde al propio organismo local u otra autoridad
“Nosotros en ese sentido no somos superior jerárquico de quienes trabajan en este instituto”, puntualizó.
Humphrey añadió que una eventual renuncia de la persona denunciante no elimina necesariamente su derecho a presentar una queja ni la obligación de las autoridades de revisar los hechos.
“Cualquier persona en este país tiene que estar protegida y tiene que saber que tiene que salvaguardar sus derechos”, expresó.
La consejera explicó que existen protocolos específicos para atender denuncias relacionadas con hostigamiento y acoso sexual o laboral, pero insistió en que cualquier investigación debe respetar las formalidades del procedimiento, revisar las pruebas y evitar conclusiones anticipadas.
“Se tienen que investigar las conductas que se denuncian con base también en las pruebas, las diligencias que se puedan hacer y con base en eso resolver lo que corresponda”, señaló.
Ante los cuestionamientos sobre si resulta adecuado que el mismo instituto señalado conozca las denuncias internas, Humphrey recordó que los organismos electorales son autónomos y cuentan con procedimientos propios para atender conflictos laborales.
También fue cuestionada por la rotación de personal en la Unidad de Paridad e Inclusión del IEC, donde, según lo planteado por periodistas durante la entrevista, habrían pasado cinco titulares en cuatro años. Sobre ese punto tampoco emitió una conclusión y pidió revisar cada caso antes de establecer responsabilidades.
Humphrey insistió en que, si las quejas ya fueron presentadas ante el INE, las áreas correspondientes deberán determinar primero si cumplen con los requisitos y posteriormente definir qué autoridad es competente para investigarlas
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