FinCEN Files incluye más de 2.100 “reportes de actividades sospechosas” elaborados por bancos y otras instituciones financieras y enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés).
Estos archivos confidenciales fueron obtenidos por el portal estadounidense de noticias BuzzFeed News, que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), la organización que coordinó también la investigación de los Panamá Papers.
“Al menos 30 reportes confidenciales de los FinCEN Files tratan de operaciones en las cuales participaron personas o empresas de México; tres medios y organizaciones de México”.
El resultado de esas investigaciones, que en palabras del ICIJ es “un verdadero tour mundial del crimen, la corrupción y la desigualdad, con papeles protagónicos para políticos, oligarcas y estafadores, y papeles clave de banqueros que les sirven a todos”, empezará a ser publicado a partir de este domingo por los socios del consorcio.
Enrique Peña Nieto, cuyo sexenio estuvo marcado por innumerables escándalos de corrupción, no escapó al ojo de las autoridades de Estados Unidos: la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de ese país (FinCEN) puso la lupa sobre el entonces mandatario y sus “posibles” vínculos con el venezolano Juan José Rendón Delgado, polémico asesor de campañas relacionado con “escándalos de sobornos que involucran a capos colombianos, interferencia en elecciones y delitos contra mujeres”.
El hallazgo de un posible ilícito de Peña Nieto catapultó al priista en la primera cuartilla del “Resumen Semanal de la Cleptocracia” de mayo de 2017, un documento confidencial del FinCEN que enumera las actividades financieras sospechosas supuestamente vinculadas con personajes corruptos.
El documento confidencial del FinCEN mencionó un reporte de actividad sospechosa (SAR) que la oficina antilavado del banco Deutsche Bank en Estados Unidos le envió tras detectar que “Rendón Delgado realizó seis transferencias sospechosas, por un total de 180 mil 20 dólares entre el 21 de julio de 2016 y el 6 de marzo de 2017”.
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“Se trata de una revisión en curso sobre una actividad sospechosa (de Rendón) que podría estar vinculada con el presidente de México Enrique Peña Nieto”, indicó el documento, que retomó una acusación según la cual Rendón Delgado pagó un hacker que “realizó campañas de ciberataques a favor de sus clientes […] e instaló spywares en las oficinas de la oposición para Enrique Peña Nieto durante las elecciones de México en 2012”.
A través de sociedades offshore, Emilio Lozoya Austin –entonces coordinador internacional de la campaña de Peña Nieto- canalizó 250 mil dólares de los sobornos de la empresa Odebrecht y los envió a una sociedad de papel de Miami que pertenecía al “rey de la propaganda negra”, el apodo de Rendón, según documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), Lozoya indicó que realizó los pagos a Rendón y a otros “asesores” bajo las instrucciones de Luis Videgaray Caso -entonces coordinador de campaña de Peña Nieto-. Las operaciones descritas por Lozoya corresponden a acciones de lavado de dinero: los recursos, productos de sobornos de Odebrecht, tenían un origen ilícito.
El documento de la división de inteligencia de FinCEN que mencionó a Peña Nieto es uno de los 2 mil 121 reportes financieros confidenciales que diversos bancos entregaron al brazo de inteligencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y que obtuvo BuzzFeed.
“Tras la llegada al poder del gobierno de AMLO se observó un aumento en la actividad de la UIF, a pesar de un recorte significativo a su presupuesto, los bancos, por ejemplo, colaboraron de manera más activa con la UIF en 2019 que en épocas anteriores”.
El medio estadunidense compartió los documentos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que durante 16 meses coordinó un equipo formado por 400 periodistas de 110 medios –entre ellos Proceso– repartidos en 88 países. El producto de este trabajo es la investigación FinCEN Files.
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Los bancos con sede en Estados Unidos forman la primera línea de combate contra el lavado de dinero internacional: por ley, deben enviar un reporte al FinCEN cada vez que tienen una sospecha de que un movimiento podría ser irregular o constituir un delito. En sí, los documentos que mandan a las autoridades y que forman parte de la investigación FinCEN Files no son evidencias de delitos.
Las transacciones reportadas en FinCEN Files abarcan operaciones que se llevaron a cabo entre 1999 y 2017 e involucraron un monto total superior a los 2 billones de dólares. Representan una gota ínfima en el océano de información que llega de manera constante a las autoridades financieras estadunidenses: entre 2011 y 2017, los bancos enviaron más de 12 millones de reportes de actividad sospechosa, un promedio de 5 mil 500 al día.
Cada semana, la división de inteligencia de FinCEN difunde a sus agentes su Resumen Semanal de la Cleptocracia, en el cual menciona a los personajes o empresas de primer nivel que las oficinas de vigilancia de los bancos señalaron en reportes de actividad sospechosa.
Así, en el Resumen Semanal de la Cleptocracia que englobó los últimos días de abril y los primeros de mayo de 2017 aparecían, junto con Rendón y Peña Nieto, informes relativos al presidente ruso Vladimir Putin, a la petrolera venezolana PDVSA y altos funcionarios venezolanos, al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, y a un exgobernador nigeriano llamado Orji Uzor Kaly, todos envueltos en casos de corrupción en sus países.
Cuando describió a la FGR las operaciones para lavar los sobornos de Odebrecht, Lozoya aseveró que las sociedades de papel de los “asesores” contratados en la campaña de Peña Nieto -como Rendón- le entregaban facturas “que tenían que ver con prestación de servicios diversos” pero sin mencionar a la campaña, por lo que “los programas de compliance que operan al interior de las entidades bancarias no detectaban anomalías ni ponían trabas”.
Al menos 30 reportes confidenciales de los FinCEN Files tratan de operaciones en las cuales participaron personas o empresas de México; tres medios y organizaciones de México –Proceso, Quinto Elemento Lab y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad– participaron en la investigación global.
Los documentos no necesariamente acreditan que las transferencias fueron ilegales o con recursos de procedencia ilícita, incluso cuando apuntan a personas y sociedades involucradas en redes de lavado de dinero para grupos criminales, como fue el caso con operaciones financieras realizadas por presuntos operadores de Los Zetas o del Cártel del Golfo.
Los FinCEN Files revelan nuevos elementos sobre operaciones financieras que exaltos funcionarios de la administración de Peña Nieto y grandes empresarios realizaron a través del sistema bancario de Estados Unidos; exhiben misteriosas transferencias de empresas extranjeras a integrantes de la élite político-económica del país, y evidencian cómo el sector inmobiliario de Estados Unidos se presta a presuntas operaciones de lavado de dinero en México.
Algunas de las operaciones que involucraron a entes mexicanos despertaron alertas de los bancos por los montos altos de las transacciones –como los negocios de filiales de Pemex con las comercializadoras globales Vitol o Trafigura–; otras, por el uso de sociedades de papel o por el envío de sumas redondas, como un depósito de 140 mil dólares del millonario Fernando Chico Prado a una joyería exclusiva de Nueva York, por ejemplo.
De manera recurrente, los equipos de analistas de los bancos abrieron expedientes cuando algunos de sus clientes tuvieron mala prensa, como las sociedades exhibidas en investigaciones globales de ICIJ, como Panama Papers, Paradise Papers o BahamasLeaks, en las que Proceso también participó.
Fue también el caso después del escándalo de sobornos y corrupción global en la FIFA; de hecho, en julio de 2015 un reporte del Deutsche Bank señaló una serie de pequeñas transferencias a 13 personajes y empresas vinculadas con el “FIFAGate”, entre cuyos emisores figuraba la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut).
A finales de 2013, por ejemplo, la Agencia Antidrogas (DEA) ordenó a los bancos instalados en Estados Unidos que investigaran si 31 jueces, abogados y personajes cercanos al narcotraficante Rafael Caro Quintero habían realizado algún movimiento financiero fuera de México.
Meses antes, a las 3:00 horas del 9 de agosto de 2013, Caro Quintero salió del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, por la puerta principal. Un juzgado de Jalisco había decretado un vicio en su proceso judicial de 1985 –se le condenó a 40 años de cárcel por el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar-; sin avisar al gobierno federal, el mismo juzgado ordenado su liberación 12 años antes de cumplir su sentencia.
La DEA, furibunda, emitió enseguida un comunicado en el cual se dijo “profundamente preocupada” sobre la decisión de la justicia mexicana, y aseguró que “continuaría vigorosamente sus esfuerzos para asegurarse que Caro Quintero enfrente cargos en Estados Unidos por el crimen que cometió”; el Departamento de Estado, por su parte, se dijo “extremadamente decepcionado” por la liberación del capo.
La mayor parte del sistema financiero internacional actual se basa en el dólar. Prácticamente cada transacción bancaria que sale de un país transita por una “cuenta intermediaria” de un gran banco establecido en Estados Unidos. Estos bancos, a su vez, deben asegurarse que los movimientos procesados son legales y que el dinero no fue producto de la corrupción o de actividades criminales.
En México, el sistema financiero es todavía más laxo, como lo mostró el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en un amplio informe, publicado en enero de 2018. Los expertos señalaron que, en 2016, las autoridades mexicanas sólo recabaron el 0.1% de los 56.5 mil millones de dólares de dinero sucio que se generó ese año, y que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) –ahora Fiscalía General de la República (FGR)- apenas logró sancionar al 0.4% de los delitos de lavado de dinero que investigó entre 2013 y 2016.
El sistema mexicano funciona de manera similar al de Estados Unidos: los bancos y las demás instituciones del sistema financiero mexicano deben poner en marcha protocolos de vigilancia contra el lavado de dinero, bajo la supervisión de la CNBV, y alertar a la UIF sobre cualquier operación sospechosa. Ésta analiza los reportes y, en caso de detectar un posible delito, pasa el caso a la FGR, la cual a su vez investiga y presenta el expediente ante un juez para condenar a los delincuentes.
“Los FinCEN Files revelan nuevos elementos sobre operaciones financieras que exaltos funcionarios de la administración de Peña Nieto y grandes empresarios realizaron a través del sistema bancario de Estados Unidos; exhiben misteriosas transferencias de empresas extranjeras a integrantes de la élite político-económica del país”.
Respuestas de la FGR y de la UIF a solicitudes de información realizadas por Proceso y Quinto Elemento Lab muestran que, tras la llegada al poder del gobierno de Andrés Manuel López Obrador -y de Santiago Nieto Castillo en la UIF-, se observó un disparo en la actividad de la UIF, a pesar de un recorte significativo a su presupuesto, que pasó de 211 millones 423 mil pesos en 2018 a 152 mil 632 mil pesos este año, un 28% menos.
Los bancos, por ejemplo, colaboraron de manera más activa con la UIF en 2019 que en épocas anteriores: del 1 de enero al 9 de diciembre de ese año, enviaron 522 mil 534 “reportes de operaciones inusuales”, en los cuales informaron sobre actividades sospechosas de sus clientes; esta cantidad representa más de una tercera parte de todos los reportes que la UIF ha recibido desde 2004; más del doble que en 2018 y cuatro veces más que durante todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Aparte, en 2019 la UIF fue más activa que durante los sexenios de Peña Nieto, Calderón y Vicente Fox: congeló las cuentas de 818 individuos y 551 empresas, por un monto total de más de 5 mil millones de pesos y 50 millones de dólares, mientras que entre 2014 y 2018, la UIF de Peña Nieto congeló cuentas por un monto total inferior a mil 300 millones de pesos y menos de tres millones de dólares.
El sistema mexicano sigue ofreciendo huecos para lavar dinero, ya sea a través de sociedades de papel, de compañías offshore -si bien buscó la ayuda de otros gobiernos con mayor frecuencia que durante las administraciones pasadas, la UIF realizó solamente 87 peticiones a otros países en 2019- o incluso con abogados para litigar contra la FGR en tribunales.
