Durante la tarde del pasado miércoles 23 de septiembre, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, dio a conocer que la coordinación que se tenía en el tema de seguridad entre la Entidad y la Federación se había roto.
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Esto se derivó del reciente conflicto, protestas y revancha de parte del pueblo de Chihuahua ante la intención del Gobierno Federal de continuar retirando agua a los pobladores, pese a que esta es escasa.
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Fue a través de un hilo de tweets que Corral refirió que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, le comunicó que el gabinete de seguridad acordó que los responsables de las fuerzas federales en Chihuahua sesionen por su lado, diariamente, en la zona militar.
El motivo, según dijo, fueron “las críticas del gobierno del estado a su participación en la custodia de diversas instalaciones”, en referencia a la presa La Boquilla.
Incluso, el pasado 10 de septiembre, el mandatario propuso al presidente López Obrador sacar a la Guardia Nacional de la custodia de las presas.
Según Corral, Durazo le dijo que sus críticas a las fuerzas federales “generan un ambiente de confrontación que queremos evitar hasta donde sea posible”.
Esta decisión, sostuvo, “muestra un talante autoritario y vengativo contra el pueblo de Chihuahua“, además de que “se incumple así el compromiso de hacer de la seguridad un campo de neutralidad política, y se usa como mecanismo de represalia”.
Corral preguntó al actual gobierno “¿cómo pueden decir que son diferentes?” a los anteriores gobiernos, pues refirió que “exactamente es lo que nos hizo Peña Nieto: en represalia por nuestra lucha contra la corrupción, nos retiró el apoyo del Ejército y la Policía Federal”.