Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN, dio su visto bueno a la consulta para enjuiciar a los expresidentes y se pronunció contra el dictamen que la declaraba inconstitucional.
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Luego de que el ministro Luis María Aguilar detallara su proyecto, Zaldívar aseguró que no se le puede cerrar la puerta a los ciudadanos sobre decir si o no enjuician a los exmandatarios.
“La Corte debe asumir su responsabilidad histórica en el rol de la protección de los derechos humanos de participación política. No nos corresponde ser puerta cerrada sino el puente que permite a las personas a intervenir en las grandes discusiones nacionales con todo respeto al marco constitucional”.
Argumentó que no debemos confundir la procedencia de la consulta con sus efectos vinculantes y puede consultarse todo aquello que no estén expresamente prohibido, para abrir las puertas a la reflexión ciudadana. En ese sentido, subrayó que la materia de esta consulta no está prohibida por la Constitución.
“La materia de esta consulta se limita a pronunciarse sobre el diseño y el rumbo de la política criminal del Estado, lo cual no está prohibido”, acotó.
También agregó que “la presente consulta no busca restringir los derechos humanos o sus garantías”.
Zaldívar hizo hincapié que la consulta entre la ciudadanía cumpliría un rol de pacificador, además de que es un instrumento para la convivencia pacífica.
“La consulta que se nos plantea no asume que las personas que menciona son responsables… lo que la consulta busca conocer es simplemente si la ciudadanía está de acuerdo en que las autoridades investiguen y en su caso sancionen su presunta responsabilidad en la comisión de delitos”, abundó.
“No podemos obviar que los expresidentes son personalidades públicas y por tanto se convierten en sujetos de interés para la deliberación pública”, apuntaló.
No advierto ningún impacto constitucional previsible de la consulta”, recalcó.
“Si queremos que la democracia deliberativa funcione y sea una realidad, hay que confiar en la ciudadanía y en las instituciones, las cuales funcionan como intermediarios de la opinión ciudadana y el derecho”, aseguró.
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