La iniciativa para regular las redes sociales que el senador de Morena, Ricardo Monreal, puso a consideración de expertos, especialistas, académicos y usuarios implica que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorice los términos y condiciones de las empresas que ofrezcan estos servicios y también resolverá las quejas de los usuarios.
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La iniciativa implica una inversión adicional para las redes sociales, pues las que tengan más de un millón de usuarios como Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Telegram, TikTok, entre otras, deberán contar con un departamento o área que atienda a los usuarios que se quejen o que tengan problemas si su perfil es suspendido o eliminado.
Asimismo, implica recursos para que el IFT regule y vigile a las redes sociales, además de atender las quejas de los usuarios de manera directa, tarea que hasta ahora resolvía la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en cuanto a la atención a inconformidades de los usuarios de telecomunicaciones.
A continuación enumeramos las principales reglas que se propone imponer a las redes sociales en México
1. Las personas físicas y las morales que se consideren redes sociales relevantes, es decir, las que tienen un millón o más suscriptores o usuarios, necesitarán la autorización del IFT para prestar el servicio de redes sociales. El instituto establecerá los requisitos atinentes mediante lineamientos de carácter general.
2. Los autorizados no podrán modificar los términos y condiciones de servicio, sin la previa aprobación del regulador.
3. Las redes sociales autorizadas podrán incluir en sus términos y condiciones un mecanismo para suspender una cuenta o perfil, eliminar un contenido o, en su caso, cancelar en forma definitiva una cuenta, pero dichos términos y condiciones debe ser autorizados por el IFT.
4. Para la cancelación definitiva de cuentas o perfiles, las redes sociales deben contar con un área específica con personas físicas especialistas en derechos humanos y libertad de expresión, quienes deberán emitir la resolución correspondiente. Este punto agrega que queda prohibido el uso de algoritmos o tecnologías automatizadas.