Este martes, durante la sesión del Congreso del Estado de Coahuila las diputadas y los diputados aprobaron una propuesta que busca suspender los derechos de ocupar cualquier cargo público a personas agresoras con sentencia firme, así como a quienes sean deudores de pensión alimenticia, conocida como “Ley 3 de 3” contra la Violencia de Género.
Fue así que por unanimidad el dictamen sobre la reforma de los artículos 38 y 102 de la Constitución Política Mexicana se aprobó, convirtiendo a Coahuila en el décimo estado en aprobar la ley 3 de 3, de los 17 estados que se requieren para elevar esta ley a rango constitucional.
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Esta iniciativa de reforma constitucional propone que para ser funcionario público, el postulante o candidato no debe contar con una sentencia definitiva por violencia sexual o violencia en razón de género, ya sea familiar, política, psicológica, física, etc., o bien sean deudores alimentarios morosos.
Con esta reforma, toda persona que se desempeñe en un cargo público y trasgreda la ley será sancionado y sustituido por atentar contra los derechos fundamentales, asimismo se debe evitar que ningún partido político proponga como candidato a una persona que haya ejercido algún tipo de violencia contra las mujeres.
De igual forma, entre los beneficios de la ley 3 de 3, se da la certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores, siendo que su elevación a rango constitucional representa un avance significativo en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres, así como un logro de la labor legislativa en favor de los derechos humanos de las mujeres.
Durante la sesión participaron diputadas de diferentes grupos parlamentarios del Congreso como Luz Elena Morales, del PRI, Mayra Valdés González, de Acción Nacional y Lizbeth Ogazón, de MORENA, quienes aseguraron que el Congreso de Coahuila se debe sumar a toda causa que garantice los derechos de las niñas, niños y mujeres, además reconocieron la labor de los colectivos que impulsan mejores condiciones para la vida pública y privada de las mujeres.
Cabe recordar que fue el pasado viernes 28 de abril cuando dicha reforma fue aprobada en el Senado de la República, por lo que ahora se requiere la aprobación de por lo menos 17 entidades del país antes del 31 de mayo para que pueda ser validada y promulgada por la Comisión Permanente.
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