Los estados con mayor cantidad de personas desaparecidas, como Jalisco y Tamaulipas, tienen escaso personal para operar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
El registro se basa en informes de fiscalías y comisiones estatales de búsqueda. En Jalisco, con 14,800 personas desaparecidas, solo hay cuatro funcionarios y una persona en la Comisión de Búsqueda. En Tamaulipas, con 13,013 casos, hay tres y una persona respectivamente.
En el Estado de México, con 11,500 desapariciones, la fiscalía tiene 44 funcionarios y la comisión de búsqueda cuenta con 53. Estos roles son cruciales para actualizar las cifras y estatus de las personas.
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El Registro Nacional tiene 770 funcionarios activos en todo el país, insuficientes para los más de 111,000 desaparecidos registrados. Guanajuato y Chihuahua tienen 40 y 35 funcionarios, respectivamente.
A nivel nacional, las fiscalías tienen vínculos con la revictimización de personas. Las “autoridades informadoras” como el Instituto Nacional de Migración y el INE también contribuyen al registro.
Sin embargo, las madres buscadoras creen que su determinación ha superado a las autoridades, citando la renuncia de Karla Quintana (Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México) como ejemplo de decepción en las instituciones.
