La propuesta de reforma judicial impulsada por Morena, que contempla la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, ha encendido alarmas por la presencia de aspirantes con presuntos nexos con el crimen organizado. El senador Gerardo Fernández Noroña reconoció públicamente que entre los contendientes hay perfiles que han defendido a capos del narcotráfico y que no reúnen los criterios de honorabilidad que exige la Constitución.
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Entre los nombres más polémicos figuran Silvia Delgado, ex defensora de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y Fernando Escamilla, ligado al ex líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales. Según la organización Defensorxs, hay al menos 13 postulaciones consideradas de alto riesgo, muchas de las cuales superaron los filtros legislativos sin mayor revisión.
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Ante esta situación, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) expresó su preocupación y rechazó las declaraciones de Noroña, señalando que esta reforma representa una amenaza para la independencia judicial. El gremio considera que la votación directa para elegir a los impartidores de justicia abre la puerta a intereses políticos, económicos e incluso criminales, comprometiendo la imparcialidad del Poder Judicial.
Diversas voces críticas han advertido que la reforma en realidad busca permitir que Morena controle al Poder Judicial a través de una lista de candidatos a modo, entre los cuales se estarían colando perfiles ligados al narcotráfico. La falta de filtros sólidos y la permisividad en la inclusión de personas con antecedentes cuestionables han desatado temores sobre una posible captura del sistema judicial por fuerzas ajenas a la legalidad.
Aunque la presidenta ha llamado a que se denuncie cualquier vínculo delictivo y que se actúe conforme a la ley, la contienda continúa con aspirantes que no han sido descartados. La presión crece para que se depure el proceso antes de los comicios.
Este escenario deja en entredicho la viabilidad de la reforma y pone bajo escrutinio la capacidad de Morena para garantizar un proceso limpio y transparente. La inclusión de narcocandidatos no solo pone en riesgo la credibilidad del sistema judicial, sino también la seguridad del país y el respeto al estado de derecho.
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