La diputada Beatriz Fraustro exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a fortalecer los operativos para prevenir, combatir y sancionar la extracción ilegal de agua en el país, ante el alarmante crecimiento de pozos clandestinos y tomas irregulares en ríos y arroyos.
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“Cada vez son más frecuentes las denuncias de usuarios y activistas ambientales por el incremento de estos pozos de bombeo ilegales. Sin embargo, las verificaciones de los volúmenes concesionados son escasas o nulas”, señaló la legisladora coahuilense.
Advirtió que la falta de supervisión ha debilitado gravemente al sector hídrico, pues muchos usuarios ni siquiera cumplen con el pago correspondiente
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“Los pozos clandestinos operan sin estudios, sin permisos, extraen agua de forma descontrolada y provocan hundimientos de suelo, contaminación por arsénico y fluoruro, y hasta afectaciones al suministro en comunidades rurales”, advirtió.
Según Fraustro, este problema no solo se reduce a la extracción física del agua, sino que ya se configura como un mercado negro altamente lucrativo
“Hay falsificación masiva de documentos, venta de títulos de concesión apócrifos y redes que comercian ilegalmente con el agua”, dijo.
El diagnóstico coincide con investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que han documentado una gestión hídrica deficiente, falta de información y una incapacidad del gobierno para vigilar la explotación de los recursos
De acuerdo con datos obtenidos por MCCI, en materia de inspección y vigilancia, no hay estadísticas precisas sobre infracciones ni claridad sobre la eficacia de las inspecciones.
Entre 2019 y 2024, los propios reportes de Conagua revelan que cerca del 50% de los usuarios inspeccionados no presentó título de concesión durante las visitas, mientras que apenas un 30% de las inspecciones derivaron en sanciones administrativas o penales.
“La falta de información, vigilancia efectiva y sanciones oportunas ha permitido que el saqueo del agua se vuelva una práctica cotidiana e impune”, afirmó Fraustro, quien insistió en que la Conagua debe asumir su responsabilidad
“Este recurso es vital, y su explotación ilegal pone en riesgo la seguridad ambiental, agrícola y humana del país”, concluyó
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