La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos respecto a tres personas extraditadas por delitos graves. Se trata de Ismael “El Mayo” Zambada, Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy” y Rafael Caro Quintero, figuras señaladas en casos de narcotráfico.
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Estados Unidos decidió no aplicar la pena de muerte en sus procesos judiciales, medida anunciada por el fiscal Joseph Nocella Jr. Claudia Sheinbaum aclaró que esta decisión pertenece exclusivamente al sistema judicial estadounidense.
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“La decisión corresponde a Estados Unidos; México no interviene en ese tipo de asuntos”, expresó la mandataria federal. Reiteró que su gobierno está en contra de la pena de muerte, sin importar el delito del que se trate. Recordó que el tratado de extradición entre ambos países impide aplicar la pena de muerte a personas extraditadas. Este acuerdo se basa en el principio de reciprocidad entre México y Estados Unidos. También señaló que en casos distintos a la extradición, México siempre solicita que se respete esa reciprocidad.
Afirmó que hasta el momento no se tiene información sobre posibles acuerdos entre las autoridades y los implicados. Expertos consideran que esta decisión judicial podría facilitar negociaciones o acelerar los procesos legales. Entre los argumentos destacan la edad avanzada de los acusados y los largos procesos de apelación. Además, se menciona que una sentencia de muerte podría generar tensiones innecesarias en México.
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Mike Vigil, exagente de la DEA, comentó que los procesos de pena capital son costosos y prolongados. Señaló que el juez del caso considera innecesario seguir un camino legal tan extenso y difícil. Claudia Sheinbaum insistió en que México mantiene su postura firme contra la pena capital, en todos los casos. La mandataria recalcó que el respeto a los derechos humanos es una prioridad de su administración.
Por ahora, no hay evidencia pública que confirme algún pacto o cooperación por parte de los acusados. Sheinbaum concluyó que el gobierno mexicano seguirá apegado a sus principios en temas de justicia y extradición.
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