La Coalición Mexicana LGBTTIQANB+ solicitó a CONAPRED que emita una recomendación dirigida al Congreso de Tlaxcala para derogar el delito de “peligro de contagio”. Esta figura jurídica aún aparece en el Código Penal estatal. Según Antonio Escobar Muñoz, representante de la Comisión de Ética de la Coalición, esta solicitud busca impulsar una iniciativa detenida.
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La propuesta fue presentada en marzo de 2024 por la exdiputada Diana Torrejón Rodríguez. Sin embargo, no ha tenido avances en su dictaminación legislativa. Aunque la diputada Aurora Villeda Temoltzin retomó el tema, la iniciativa permanece sin movimiento. La Coalición ha pedido informes sobre su avance en al menos dos ocasiones.
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Escobar señaló que CONAPRED tiene facultades para recomendar cambios legislativos en casos de discriminación. Por ello, considera importante que se pronuncie formalmente. Como parte de las acciones, la Coalición busca realizar foros con expertos y sumar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y grupos feministas.
Algunos legisladores argumentan que la eliminación del delito podría dejar a las mujeres sin protección. Sin embargo, Escobar afirma que otras leyes ya contemplan los delitos sexuales. Durante la reunión con CONAPRED, también se abordó la discriminación hacia personas con VIH y la falta de protocolos para atender crímenes de odio.
Escobar explicó que existe una percepción errónea sobre un aumento alarmante en casos de VIH, impulsada principalmente por información difundida en redes sociales. Según él, México mantiene la epidemia bajo control. Los datos oficiales de CENSida pueden consultarse para verificar la situación real en el país y en Tlaxcala.
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El activista destacó que, aunque la ONU busca erradicar el VIH en su Agenda 2030, aún hay retos pendientes en México relacionados con el acceso a tratamientos. También subrayó que la criminalización de personas con VIH complica el cumplimiento de este objetivo global, a pesar de los fallos de la Suprema Corte.
En particular, Escobar recordó que negar medicamentos antirretrovirales pone en riesgo la vida, lo cual ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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