Resulta imposible imaginar que ni el entonces secretario de Hacienda ni el propio Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador; estuvieran ajenos al crecimiento desmedido del huachicol durante su administración.
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El señalamiento cobra fuerza al recordar que, bajo el discurso de combate al robo de combustibles, la estrategia implementada por el actual gobierno federal no solo resultó insuficiente, sino que en varios indicadores mostró un incremento en la extracción ilegal de hidrocarburos. Diversos informes oficiales y reportajes periodísticos documentaron que, lejos de erradicar el fenómeno, éste se expandió en distintas regiones del país, especialmente en los ductos de Pemex.
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Tratándose de un negocio multimillonario, es impensable que el círculo más cercano del poder, incluido el presidente, desconociera la magnitud del problema o la operación de las bandas dedicadas a esta actividad ilícita. Por el contrario, los datos reflejan que las tomas clandestinas se multiplicaron, los decomisos aumentaron y los grupos criminales se sofisticaron en sus métodos de extracción y distribución.
El cuestionamiento central es contundente: si el gobierno de López Obrador llegó con la promesa de poner fin al huachicol, ¿cómo explicar que, con todo el aparato del Estado bajo su mando, la práctica ilegal no solo persistiera, sino que se consolidara en estos años? La duda se instala en el terreno político y social: ¿hubo incapacidad, omisión o, como un solapamiento deliberado desde las más altas esferas del poder?
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