La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales. La entrega se realizó a través de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. La destinataria fue la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.
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Se prevé que el documento se publique hoy en la Gaceta Parlamentaria. En la próxima sesión ordinaria, el martes 14 de octubre, será turnado a las comisiones correspondientes para su análisis. La Junta de Coordinación Política informó que la revisión general y particular se llevará a cabo la última semana de octubre.
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La iniciativa busca garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, y establece las responsabilidades de los tres niveles de gobierno en la política hídrica. Sheinbaum destacó que esta propuesta devuelve el agua como recurso de la nación. Limita la venta o transmisión de concesiones cuando haya cambios en el uso del líquido.
El documento señala que el Estado mexicano retomará y fortalecerá la rectoría en la administración de las aguas nacionales. Establece lineamientos para garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico. También asegura el uso equitativo y sostenible de los recursos hídricos.
Además, define la distribución de competencias entre autoridades federales, estatales y municipales. Incorpora acciones para fomentar la cultura del agua y promover su uso racional y conservación. También se fortalecen los procedimientos para detectar usos irregulares. Se establece un régimen de sanciones y un catálogo de delitos hídricos, con multas que pueden superar los cinco millones de pesos en casos graves.
La iniciativa incluye la creación del Registro Nacional del Agua, que permitirá un control más transparente de concesiones y asignaciones. Se busca garantizar que el agua llegue a quienes realmente la necesitan, asegurar la soberanía alimentaria y brindar seguridad jurídica a las personas usuarias.
En suma, la propuesta pretende recuperar la rectoría del Estado sobre el agua. Busca asegurar su distribución justa y garantizar el derecho fundamental a este recurso vital para las generaciones presentes y futuras.
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