La Subprocuraduría de la Pronnif en la Región Centro precisó que no todos los casos en los que un menor acompaña a sus padres a trabajar son considerados explotación infantil, aunque advirtió que sí existen situaciones graves en las que los niños son utilizados para pedir dinero o realizar labores en la calle, sin supervisión y con fines ajenos a su bienestar.
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La subprocuradora Martha Herrera explicó que uno de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes es vivir libres de explotación laboral, y que esta práctica se configura cuando un adulto —generalmente padre, madre o tutor— obliga a un menor a generar dinero que luego es retenido o usado por el adulto, en muchos casos para comprar sustancias o cubrir adicciones personales.
“Hablamos de explotación laboral cuando el niño es puesto a trabajar o pedir dinero por un tercero, y ese dinero no es para él. Es distinto si el padre trabaja y lleva a su hijo porque no tiene con quién dejarlo, a que lo deje solo en la calle o en un centro comercial para que realice esa labor”, detalló.
Herrera subrayó que hay familias que viven en condiciones económicas muy difíciles, y que en esos casos el acompañamiento del menor al trabajo del padre o madre no constituye una falta, siempre y cuando el adulto sea quien realiza la labor y el niño no esté en riesgo.
“Entendemos que hay papás o mamás que, por necesidad, deben trabajar en la vía pública y no tienen con quién dejar a sus hijos. Eso no es explotación, siempre que ellos sean quienes realizan el trabajo y no pongan al menor a hacerlo”, aclaró.
La subprocuradora puntualizó que el objetivo de la Pronnif no es criminalizar la pobreza, sino proteger a los menores que sí son víctimas de explotación real, especialmente en casos donde son dejados solos o forzados a actividades que ponen en riesgo su integridad física o emocional.
Asimismo, mencionó que también se analizan situaciones en adolescentes que buscan apoyar la economía familiar o emprender algún negocio propio, lo cual no representa una violación de derechos siempre que no interfiera con su educación ni su libre desarrollo.
“Lo que buscamos es que los niños no se vean obligados a mantener a su familia, y que los padres no recurran a ellos para obtener dinero que será usado de forma inadecuada”, enfatizó Herrera.
La Pronnif mantiene operativos y acciones de prevención en coordinación con corporaciones de seguridad y dependencias sociales para detectar casos de explotación infantil en la región, así como programas de apoyo para familias en situación vulnerable.