En México, el marco legal del aborto ha evolucionado de manera significativa en los últimos años a partir de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las cuales han establecido criterios obligatorios en favor de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes.
A nivel federal, la SCJN determinó que la criminalización del aborto es inconstitucional, al considerar que vulnera derechos fundamentales como la dignidad humana, la autonomía reproductiva y el derecho a la salud. Con estas resoluciones, se estableció que ninguna mujer o persona gestante debe ser criminalizada ni encarcelada por interrumpir un embarazo, y que el personal de salud no puede ser sancionado penalmente por brindar este servicio conforme a la ley.
No obstante, la regulación del aborto varía en cada entidad federativa.
Son los congresos estatales los responsables de definir, a través de sus Códigos Penales y Leyes de Salud, las condiciones en las que el aborto está permitido. En la mayoría de los estados del país, el aborto se encuentra despenalizado hasta las 12 semanas de gestación a solicitud de la persona gestante; mientras que en otros, aunque no se ha eliminado totalmente del marco penal, no debe existir criminalización debido a los criterios emitidos por la Corte.
De manera general, en todo el territorio nacional el aborto es legal cuando el embarazo es resultado de una violación, sin que sea necesaria una denuncia previa; cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer; en casos de malformaciones graves del producto o cuando ocurre por causas imprudenciales o accidentales. En algunas entidades también se contempla como causal la inseminación artificial no consentida o razones económicas graves.
En cuanto al acceso a los servicios de salud, las instituciones públicas están obligadas a garantizar la atención del aborto legal, seguro y gratuito en los casos permitidos por la ley. Si bien el personal médico puede invocar la objeción de conciencia, esta no debe representar un obstáculo para la atención, especialmente en situaciones de urgencia.
Especialistas y organismos de derechos humanos coinciden en que el aborto debe abordarse como un tema de salud pública, justicia social y derechos humanos, más que desde un enfoque punitivo, en un contexto donde aún persiste la necesidad de armonizar las leyes estatales con los criterios constitucionales vigentes.
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