Desde diciembre pasado, el diputado plurinominal Antonio Flores asumió públicamente el compromiso de cubrir el pago del refrendo municipal de la plaza comercial a él vinculada, fijando como fecha límite el pasado 05 de enero del presente año.
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A la fecha, y pese a que el calendario avanzó sin contemplaciones, la obligación sigue sin cumplirse, manteniendo abierto un expediente que debió cerrarse con un simple acto administrativo.
A más de una semana de vencido el plazo que él mismo estableció, el legislador no solo no ha liquidado el adeudo, sino que tampoco ha entregado los planos de la obra, requisito técnico indispensable para la regularización del proyecto, el cual continúa operando como si la omisión fuera irrelevante.
En términos estrictamente jurídicos, el incumplimiento coloca al diputado en la figura de deudor municipal, condición prevista en la normatividad fiscal de Sabinas y que, como es sabido, no admite interpretaciones políticas ni excepciones por cargo público.
Paradójicamente, quien suele invocar la ley como estandarte, hoy parece considerar que hacer fila, presentar documentación y cumplir con obligaciones fiscales es una carga excesiva para quien aspira a trato preferencial.
Sin embargo, la ley es clara: no existe fuero administrativo, y ante la autoridad municipal, el diputado es un ciudadano más.
Mientras la obra continúa operando sin que se haya cubierto el refrendo ni entregado la documentación técnica correspondiente, persisten manifestaciones que carecen de sustento legal, toda vez que no existe clausura vigente ni acto de autoridad en contra del inmueble.
En contraste, el Ayuntamiento de Sabinas, encabezado por el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, ha conducido el caso con estricto apego a la legalidad, privilegiando el orden institucional y evitando la politización del conflicto. Todo se ha manejado conforme a la ley, sin concesiones indebidas ni excesos de autoridad.
La administración municipal que preside Chano sostiene que el fondo del conflicto no es político ni personal, sino contable y administrativo: un refrendo no pagado, planos no entregados y un compromiso incumplido que sigue generando ruido público, cuando pudo resolverse desde el 05 de enero con el cumplimiento llano de la ley.
En resumen, no hay conflicto político ni abuso de autoridad: hay un refrendo sin pagar y planos que no llegan.
Lo demás es ruido. Porque la ley no se debate ni se protesta: se cumple, incluso y sobre todo cuando no se quiere hacer fila.