Pese a que la ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, aseguró que sus finanzas estaban en orden, el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desmiente sus declaraciones. La institución federal observó irregularidades por más de 57 millones de pesos en recursos federales durante su administración.
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Los señalamientos de la autoridad fiscalizadora abarcan obra pública sin comprobar, el uso de presuntas empresas fantasma y arrendamientos millonarios de maquinaria sin sustento legal. El dictamen revela un patrón de adjudicaciones directas y expedientes incompletos que apuntan a una simulación de operaciones financieras bajo la gestión de Tania Flores Guerra.
El informe técnico detalla que el quebranto patrimonial es resultado de una gestión deficiente. Entre los hallazgos destacan programas sociales que nunca fueron entregados y domicilios fiscales vacíos vinculados a proveedores del municipio. Aunque la ex funcionaria sostuvo que sus auditorías eran positivas, la resolución federal confirma que mintió sobre el estado real de las arcas públicas.
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Además del dictamen federal, la administración de Tania Flores Guerra enfrentó constantes escándalos por abuso de poder y presión a periodistas. Actualmente, existen al menos seis denuncias penales y administrativas abiertas en su contra por presuntos actos de corrupción y ejercicio indebido del servicio público, procesos que ya la mantienen vinculada a proceso legal.
El entorno de la ex alcaldesa también involucra a su hermano, el diputado Tony Flores, señalado por contratos irregulares de carbón. En conjunto, se estima que más de 250 millones de pesos han sido cuestionados en diversos ejercicios de gasto, lo que representa casi el 50% del presupuesto anual de Múzquiz, convirtiéndose en el escándalo de desvío municipal más grande en la historia reciente de Coahuila.
Finalmente, las investigaciones contra Tania Flores Guerra han trascendido fronteras. Autoridades en Texas, Estados Unidos, mantienen bajo la mira a la ex edil por presunto lavado de dinero, tras detectarse la compra de propiedades valuadas en más de 40 millones de pesos poco después de dejar su cargo en el ayuntamiento.
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