La diputada Luz Elena Guadalupe Morales, en representación de los grupos parlamentarios de la Alianza Coahuila (PRI, PAN y PRD), presentó una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado con el objetivo de eliminar términos considerados discriminatorios, particularmente la palabra “sirviente”, y sustituirlos por un lenguaje inclusivo que reconozca la dignidad de las personas.
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La propuesta plantea modificaciones a diversos artículos del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el fin de armonizar el marco legal con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación establecidos en el artículo 1° de la Constitución mexicana.
De acuerdo con la exposición de motivos, el uso del término “sirviente” resulta incompatible con los estándares actuales de derechos humanos, ya que arrastra una carga histórica de subordinación que perpetúa desigualdades sociales. Además, se considera un concepto anacrónico que no refleja las relaciones laborales contemporáneas y que cosifica a las personas al definirlas únicamente por su función de servicio.
La iniciativa subraya que este tipo de lenguaje no solo es inadecuado, sino que constituye una forma de discriminación normativa directa, al introducir categorías jerárquicas basadas en la condición social y la ocupación laboral, lo cual está prohibido por el marco constitucional

En ese sentido, se propone sustituir estas expresiones por términos como “personas trabajadoras del hogar”, “personas empleadas” o “personas trabajadoras”, con el objetivo de dignificar el lenguaje jurídico y garantizar el respeto a los derechos humanos.
La legisladora explicó que esta reforma no se limita a un cambio semántico, sino que representa una actualización profunda del marco normativo, alineada con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha establecido que el lenguaje en las leyes debe evitar la reproducción de estigmas y desigualdades.
Asimismo, se destaca que el uso de términos como “sirviente” vulnera tanto la igualdad formal, al generar distinciones sin justificación, como la igualdad sustantiva, al reforzar barreras culturales que impiden el reconocimiento pleno de la dignidad humana.
Como parte del proyecto de decreto, se contemplan reformas a los artículos 1861, 1867, 1875 y 2862 del Código Civil estatal, en los cuales se actualiza el lenguaje para referirse a las personas trabajadoras bajo términos respetuosos e inclusivos

Entre los cambios, se establece que las personas responsables de inmuebles responderán por los daños causados por quienes laboren bajo su dirección, utilizando ya una terminología acorde a los estándares actuales. También se incorporan referencias a “personas trabajadoras del hogar” en lugar de conceptos considerados discriminatorios.
La iniciativa también reconoce que el derecho debe evolucionar conforme a los cambios sociales, eliminando expresiones que ya no corresponden a una visión moderna e igualitaria.
Finalmente, la diputada Morales enfatizó que el objetivo es construir un marco legal más justo, donde el lenguaje sea una herramienta de inclusión y no de exclusión, garantizando que todas las personas sean reconocidas como sujetos de derechos.
“Más que una reforma lingüística, es un paso hacia el respeto pleno de la dignidad humana”, concluye la propuesta
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