La diputada local, Luz Elena Guadalupe Morales Núñez, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), con el objetivo de eliminar una carga fiscal que actualmente afecta a personas —principalmente mujeres— tras procesos de divorcio o disolución de concubinato.
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La propuesta busca modificar el artículo 93, fracción XXIII, para establecer de manera explícita que no se pague ISR por la transmisión de propiedad entre ex parejas, siempre que esta derive del cumplimiento de convenios judiciales o sentencias de divorcio.
Actualmente, la legislación contempla la exención del impuesto únicamente en donaciones entre cónyuges, sin importar el monto. Sin embargo, una vez concluido el vínculo legal, la autoridad fiscal considera como ingreso gravable la adjudicación de bienes, aun cuando esta se realice por mandato judicial
Morales Núñez advirtió que esta situación representa una laguna jurídica que genera una profunda injusticia social, ya que castiga fiscalmente procesos que no implican un enriquecimiento real.
“Es incongruente que si la donación se realiza un día antes del divorcio sea exenta, pero si se hace un día después, aunque sea por orden de un juez, se pretenda cobrar el impuesto”, señaló.
La legisladora explicó que esta problemática afecta principalmente a mujeres, quienes en muchos casos no figuran como propietarias legales de los bienes, pese a haber contribuido durante años a la construcción del patrimonio familiar mediante trabajo doméstico no remunerado o aportaciones indirectas.
En ese sentido, subrayó que la transmisión de dominio en estos casos no constituye un ingreso nuevo ni un acto de especulación comercial, sino la formalización de un derecho preexistente derivado de la vida en común.
“Se está obligando a pagar impuestos por un bien que ya formaba parte del entorno familiar, solo porque no estaba legalmente a su nombre”, afirmó.
La iniciativa plantea incorporar dos supuestos específicos para la exención del ISR: cuando la transmisión derive de un convenio judicial de divorcio y cuando sea consecuencia de la disolución de un concubinato debidamente acreditado.
Morales Núñez destacó que esta reforma tiene un enfoque de justicia social y perspectiva de género, al reconocer las desigualdades estructurales que enfrentan muchas mujeres en materia patrimonial.
Además, advirtió que mantener el criterio actual puede convertirse en un obstáculo para garantizar derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, especialmente cuando los bienes se adjudican para asegurar el bienestar de los hijos.
“Cobrar este impuesto es, en muchos casos, impedir que una mujer acceda legalmente a lo que por derecho le corresponde”, expresó.
La diputada hizo un llamado al Congreso de la Unión para analizar y aprobar esta reforma con carácter de urgente, a fin de garantizar certeza jurídica y evitar que la carga tributaria afecte a las familias en momentos de reconfiguración patrimonial.
Finalmente, reiteró que la intención de la propuesta no es generar privilegios fiscales, sino corregir una omisión legal que actualmente impacta de manera injusta a miles de personas
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