El contralor municipal, Adrián García, informó que la autoridad se encuentra legalmente impedida para proporcionar detalles sobre los expedientes en curso relacionados con una investigación administrativa en el SIMAS. Lo anterior con el fin de garantizar la correcta conducción del procedimiento. Señaló que esta reserva responde a disposiciones normativas que buscan proteger la integridad del proceso.
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En ese sentido, explicó que, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente en sus artículos 123 y 124, la autoridad cuenta con facultades para decretar medidas cautelares. Destacando que una de ellas es la suspensión temporal del servidor público involucrado en la investigación. Asimismo, indicó que el artículo 120 contempla la posibilidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir dichas determinaciones.
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García advirtió que, en caso de que las medidas de apremio no sean acatadas, se dará vista a la autoridad penal competente para que actúe conforme a la legislación aplicable. “Estas acciones tienen como objetivo evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas. Impedir la continuidad de los efectos perjudiciales y evitar la obstaculización del procedimiento”.
Finalmente, el contralor precisó que la suspensión se mantendrá vigente hasta la emisión de una resolución definitiva dentro del procedimiento administrativo. Reiteró que la actuación de la Contraloría se rige por los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Al tiempo que garantizó que el servidor público involucrado cuenta con pleno derecho de audiencia y defensa durante todo el proceso.