La diputada Luz Elena Morales Núñez presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y establecer que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) quede totalmente exenta del pago de este impuesto.
Publicidad NRT
La propuesta plantea reformar el artículo 93, fracción XIV, con el objetivo de garantizar que este derecho laboral se entregue íntegro a las y los trabajadores, sin reducciones fiscales que afecten su impacto en la economía familiar.
En su argumentación, la legisladora subrayó que la PTU no es una prestación opcional, sino un derecho constitucional consagrado en el artículo 123, que reconoce la contribución directa de los trabajadores en la generación de riqueza dentro de las empresas.
“La utilidad es un mecanismo de redistribución de la riqueza, no una concesión del empleador”, enfatiza la propuesta.
Actualmente, la ley solo exenta del ISR el equivalente a 15 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), mientras que el resto se grava como ingreso ordinario, lo que —según la diputada— desvirtúa el objetivo social de este beneficio.
Morales Núñez advirtió que esta disposición genera una doble carga fiscal, ya que las empresas ya pagan impuestos sobre sus utilidades antes de repartirlas, por lo que gravarlas nuevamente al llegar a los trabajadores implica una afectación directa a sus ingresos.
“En la práctica, el Estado termina confiscando una parte sustancial de un beneficio diseñado para mejorar la economía familiar”, señala el documento.
Entre los principales argumentos de la iniciativa destaca el principio de justicia distributiva, al considerar que no debe gravarse dos veces la misma fuente de riqueza. Asimismo, se plantea que la PTU debe diferenciarse del salario, ya que no es una remuneración directa, sino un incentivo derivado del desempeño colectivo.
Otro de los puntos clave es el impacto económico que tendría la desgravación total, al permitir que los trabajadores reciban mayores ingresos, lo que se traduciría en un incremento del consumo, el ahorro y la inversión, fortaleciendo la economía local y nacional.
En un contexto de inflación y presión económica, la diputada sostuvo que el Estado debe actuar como facilitador del bienestar, evitando cargas fiscales que reduzcan el alcance de derechos laborales.
“Cobrar impuestos sobre un derecho constitucional resulta contradictorio con los principios de un Estado social”, concluye la propuesta.
Finalmente, el exhorto busca abrir el debate en el ámbito federal para avanzar hacia una política fiscal más equitativa que reconozca plenamente el esfuerzo de los trabajadores y fortalezca su capacidad económica
NRT MÉXICO COBERTURA TOTAL 360*