El diputado local del Partido Verde Ecologista y presidente de la comision de Salud Jorge Valdés Flores, exigió que se aplique todo el peso de la ley tras la muerte de una persona al interior de un centro de rehabilitación en Monclova, presuntamente a consecuencia de actos de tortura y castigos físicos ocurridos apenas 48 horas después de haber sido internado.
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El legislador señaló que la información preliminar apunta a que la víctima habría sido sometida a agresiones físicas dentro del establecimiento, situación que terminó provocando su fallecimiento.
“Lo que tenemos de información es que fue sometido a un castigo físico o mejor llamado tortura y como consecuencia se produjo el deceso”, declaró.
Valdés advirtió que los hechos podrían configurar los delitos de homicidio doloso u homicidio calificado, contemplados en el Código Penal del Estado, con sanciones que van de los siete a los 16 años de prisión, además de multas y posibles agravantes dependiendo de las circunstancias.
Explicó que será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar responsabilidades y judicializar el caso ante un juez de control, quien finalmente definiría las sanciones correspondientes.
El diputado recordó que desde 2024 Coahuila cuenta con una nueva legislación para regular centros privados de atención a las adicciones, impulsada por el Congreso del Estado para combatir irregularidades y abusos dentro de estos espacios.
Precisó que el establecimiento involucrado habría incumplido al menos dos disposiciones fundamentales de dicha ley.
La primera corresponde al artículo 31, el cual establece que cualquier ingreso a un centro de rehabilitación debe notificarse al Ministerio Público en un plazo máximo de 24 horas.
“La persona ya tenía más de 48 horas y casi te puedo asegurar que eso no ocurrió”, afirmó.
Asimismo, indicó que también se violó el artículo 40, el cual prohíbe tratamientos forzosos, aislamiento involuntario y cualquier práctica que vulnere la dignidad humana o los derechos fundamentales de las personas internadas.
Jorge Valdés explicó que el Consejo Estatal de Salud Mental y el COMICE son las instancias encargadas de revisar este tipo de casos y aplicar sanciones administrativas, las cuales pueden derivar incluso en clausuras definitivas.
Detalló que el comité está integrado por autoridades de Salud, Seguridad Pública, Fiscalía, Derechos Humanos, Protección Civil y otras dependencias estatales y federales.
Aunque aclaró que las sanciones administrativas son independientes del proceso penal, aseguró que el centro ya habría sido clausurado y podría perder definitivamente cualquier autorización para operar.
“Te puedo asegurar que ese centro no estaba en regla”, sostuvo.
El legislador reconoció el trabajo de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Salud, instituciones que dijo han intensificado operativos y revisiones para detectar irregularidades en anexos y centros de rehabilitación.
Sin embargo, admitió que el crecimiento constante de estos lugares vuelve complicado mantener supervisión permanente.
“Todos los días abren uno nuevo y es humanamente imposible estar al pendiente de todos”, comentó.
Finalmente, Jorge Valdés pidió a las autoridades llegar hasta las últimas consecuencias para enviar un mensaje contundente de que en Coahuila no se tolerarán abusos, tortura ni violaciones a los derechos humanos dentro de centros de rehabilitación.
“En Coahuila no se juega con la vida de las personas ni con sus derechos fundamentales”, concluyó
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