El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles mantiene vigente el requerimiento para que el síndico entregue informes detallados sobre la quiebra de AHMSA. La solicitud de revisión financiera fue promovida formalmente por Gerardo Bortoni González, acreedor de la siderúrgica, quien busca transparencia en el manejo de los recursos dentro del expediente 19/2023.
De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal, el acuerdo judicial emitido exige el estado de cuenta de inversiones correspondiente a marzo de 2026. El síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez informó que, aunque ha solicitado la documentación bancaria en reiteradas ocasiones, la institución financiera aún no entrega los reportes necesarios para el proceso de la quiebra de AHMSA.
Avances legales en la quiebra de AHMSA y subasta de activos
Como evidencia de las gestiones, el especialista anexó correos electrónicos dirigidos al banco. El tribunal precisó que el apercibimiento decretado continúa vigente hasta que el documento financiero sea incorporado formalmente al expediente. Esta presión legal ocurre mientras la empresa se prepara para una segunda almoneda judicial tras el fracaso de la primera subasta pública el pasado febrero.
La jueza Ruth Haggi Huerta García determinó en su momento que los postores no acreditaron la garantía de seriedad requerida. Por ello, la quiebra de AHMSA entra en una fase crítica donde se busca concretar la venta de activos industriales valuados en aproximadamente mil 326 millones de dólares para cubrir los adeudos pendientes.
Impacto en acreedores y trabajadores de la siderúrgica
El proceso de la quiebra de AHMSA es uno de los más grandes en la historia de México, con adeudos que superan los 40 mil millones de pesos. Entre los mil 672 acreedores afectados se encuentran empresas como Pemex, Afirme, Caterpillar y Cargill, quienes esperan la recuperación de sus capitales mediante la liquidación de bienes.
Además de las empresas, más de 17 mil trabajadores sindicalizados y de confianza de Altos Hornos de México y Minera del Norte permanecen a la expectativa. Los acuerdos judiciales recientes subrayan que los derechos laborales tendrán prioridad constitucional en el orden de pagos derivados de la quiebra de AHMSA, garantizando que los salarios caídos y finiquitos sean atendidos antes que otros compromisos financieros.