El incremento de casos de violencia y riñas entre estudiantes en escuelas del país llevó a la diputada Beatriz Fraustro Dávila a presentar un punto de acuerdo mediante el cual exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal a fortalecer y actualizar los protocolos de prevención, detección y atención de la violencia escolar.
La legisladora advirtió que actualmente miles de niñas, niños y adolescentes enfrentan situaciones de acoso, agresiones físicas y conflictos dentro de los planteles educativos, lo que representa un riesgo directo para su integridad física, emocional y psicológica.
De acuerdo con datos citados en el exhorto, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 reveló que de los 11.7 millones de adolescentes de entre 12 y 17 años que asisten a la escuela en México, el 28 por ciento aseguró haber sido víctima de acoso escolar, lo que representa aproximadamente 3.3 millones de estudiantes afectados.
Además, la Secretaría de Salud federal reportó durante 2024 un total de mil 58 hospitalizaciones de menores de edad derivadas de agresiones ocurridas dentro de escuelas, cifra que encendió las alertas sobre el crecimiento de la violencia escolar en distintos niveles educativos.
Beatriz Fraustro señaló que muchas de las riñas entre estudiantes no ocurren de manera espontánea, sino que son consecuencia de conflictos previos, hostigamiento, exclusión o situaciones de violencia que no fueron detectadas ni atendidas a tiempo por las autoridades educativas.
La diputada destacó que las consecuencias de este tipo de agresiones van mucho más allá de las lesiones físicas, ya que también generan secuelas emocionales y psicológicas graves como ansiedad, depresión, baja autoestima, miedo a asistir a clases, aislamiento social e incluso pensamientos suicidas.
Asimismo, indicó que la violencia escolar también provoca bajo rendimiento académico, ausentismo y deserción escolar, además de posibles consecuencias legales y administrativas derivadas de las agresiones.
Por ello, el exhorto plantea que la SEP refuerce las estrategias ya contempladas dentro del Programa Sectorial de Educación 2025-2030, incorporando mecanismos más eficaces para identificar de manera temprana los conflictos entre estudiantes y evitar que escalen a situaciones de violencia.
La legisladora recordó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que toda persona menor de edad tiene derecho a recibir educación en entornos seguros y libres de violencia, además de obligar a las autoridades educativas a proteger la integridad y dignidad de los estudiantes.
Fraustro Dávila subrayó que las riñas escolares no deben minimizarse ni considerarse “cosas de niños”, ya que cada conflicto representa una señal de alerta que exige atención inmediata.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades educativas federales para actualizar los protocolos de actuación y garantizar que las escuelas sean espacios seguros donde niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse plenamente sin miedo a sufrir violencia
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