Ante el riesgo de que familias coahuilenses sean víctimas de fraudes relacionados con el programa federal Vivienda para el Bienestar, el diputado Ángel Mahatma Sánchez Guajardo presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) a fortalecer los mecanismos de transparencia, difusión y prevención dirigidos a proteger a los aspirantes a obtener una vivienda.
La propuesta surge en medio del desarrollo de uno de los programas habitacionales más ambiciosos impulsados por el Gobierno Federal, cuya meta sexenal contempla la construcción de un millón 800 mil viviendas en todo el país para beneficiar a personas de bajos ingresos que no cuentan con seguridad social.
En el caso de Coahuila, el programa prevé la construcción de 26 mil viviendas, de las cuales 15 mil estarán destinadas a derechohabientes del Infonavit y 11 mil a personas que no cuentan con afiliación a instituciones de vivienda, mediante esquemas operados por la CONAVI.
El legislador advirtió que la alta expectativa generada por este programa ha sido aprovechada por personas sin escrúpulos que utilizan redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros medios para engañar a la ciudadanía mediante falsos registros, supuestos trámites preferenciales y promesas fraudulentas de acceso garantizado a una vivienda.
De acuerdo con denuncias públicas, en municipios como Piedras Negras ya se han detectado presuntos gestores que se hacen pasar por representantes de la CONAVI para solicitar pagos en efectivo a cambio de folios, registros o lugares supuestamente asegurados dentro del programa.
Ángel Mahatma Sánchez destacó que estos casos representan un grave riesgo para familias vulnerables que ven en Vivienda para el Bienestar una oportunidad real para acceder a un patrimonio propio.
Por ello, planteó la necesidad de implementar campañas permanentes de información preventiva que permitan a la ciudadanía conocer claramente los requisitos, procedimientos y mecanismos oficiales del programa.
Asimismo, propuso fortalecer herramientas accesibles de verificación de identidad para que las personas puedan confirmar si quienes realizan visitas, censos o trámites realmente forman parte de las instituciones autorizadas.
El diputado recordó que las reglas de operación establecen que, cuando la demanda supere la oferta disponible, la asignación de beneficiarios se realizará mediante sorteos transparentes supervisados por instancias federales y organismos de vigilancia, sin necesidad de intermediarios ni pagos adicionales.
Subrayó que todos los trámites son gratuitos y que ninguna persona puede garantizar lugares o beneficios especiales dentro del programa.
Finalmente, señaló que el sueño de acceder a una vivienda digna no debe convertirse en una oportunidad para que delincuentes lucren con la necesidad de las familias, por lo que llamó a las autoridades federales, estatales y municipales a reforzar la información y vigilancia para cerrar el paso a falsos gestores y defraudadores
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