La diputada Edith Hernández Sillas, junto con los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario Alianza Coahuila del Partido Acción Nacional, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal a fortalecer las acciones de prevención, protección y atención dirigidas a adultos mayores que son víctimas de abuso económico por parte de familiares que les despojan de sus tarjetas de la Pensión para el Bienestar.
La legisladora señaló que se trata de una problemática cada vez más frecuente y preocupante, ya que muchas personas de la tercera edad dependen de familiares o terceros para realizar trámites, trasladarse o cobrar los apoyos económicos que reciben, situación que en algunos casos es aprovechada para cometer abusos y apropiarse ilegalmente de esos recursos.
De acuerdo con información citada en el exhorto, el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo documentó al menos 150 casos durante el presente año en los que beneficiarios de la Pensión Bienestar fueron despojados de sus tarjetas bancarias, impidiéndoles acceder al dinero que les corresponde
Lo más alarmante, destacó la diputada, es que en la mayoría de los casos los responsables son familiares cercanos que actúan contra la voluntad de los adultos mayores e incluso recurren a amenazas, manipulación o coerción para controlar los recursos económicos de las víctimas.
La propuesta advierte que esta situación no es exclusiva de una entidad federativa, ya que delegaciones de la Secretaría de Bienestar en distintos estados han reportado casos similares, algunos de los cuales han obligado a suspender pagos o a reponer tarjetas luego de que los beneficiarios denuncian el robo o la retención indebida de sus medios de cobro.
Asimismo, recordó que estas conductas pueden constituir delitos como robo, abuso de confianza, fraude y otras figuras contempladas en la legislación mexicana, por lo que es necesario fortalecer los mecanismos de denuncia y atención inmediata.
Entre las medidas planteadas destacan la implementación de campañas permanentes de información para que los adultos mayores conozcan sus derechos y pierdan el miedo a denunciar, así como la creación de líneas directas de atención para reportar abusos en tiempo real.
También se propone fomentar que los beneficiarios designen personas de absoluta confianza para apoyarlos en el cobro de sus recursos cuando sea necesario, además de establecer mecanismos que permitan actuar con rapidez cuando existan sospechas de despojo o explotación económica.
La diputada Edith Hernández subrayó que proteger el patrimonio de los adultos mayores es una responsabilidad de las autoridades y de la sociedad, por lo que llamó a reforzar las acciones institucionales para evitar que quienes dedicaron su vida al trabajo y a sus familias sean víctimas de abusos por parte de sus propios allegados
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