Los grupos parlamentarios de la Alianza Coahuila, integrados por PRI, PAN y PRD, junto con la fracción parlamentaria “Evaristo Pérez Arreola” de Unidad Democrática de Coahuila, presentaron una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, reconfiguración de ayuntamientos y techo presupuestal legislativo, con el objetivo de armonizar la Constitución local con los cambios aprobados a nivel federal en junio de 2025 y abril de 2026.
La propuesta plantea una modificación amplia al marco constitucional de Coahuila para incorporar nuevas reglas contra el nepotismo electoral, prohibir la reelección inmediata, reducir la integración de ayuntamientos que superen los límites establecidos, fortalecer la paridad de género y fijar un tope al presupuesto anual del Congreso del Estado.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es impedir que personas con vínculos familiares directos con quienes ocupan cargos públicos puedan contender por esos mismos espacios. La reforma establece que no podrá participar en una elección quien tenga o haya tenido, durante los tres años previos al día de la elección, vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco cercano con la persona que esté ejerciendo el cargo al que busca postularse.
Esta disposición aplicaría para gubernatura, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas, con el propósito de evitar herencias políticas, candidaturas familiares y prácticas que puedan afectar la equidad en las contiendas.
La iniciativa también prohíbe la reelección inmediata de diputadas y diputados locales, así como de alcaldes, síndicos y regidores que hayan estado en ejercicio del cargo. De aprobarse, estas reglas comenzarían a aplicarse a partir de los procesos electorales de 2030, conforme a los artículos transitorios.
Otro punto relevante es el fortalecimiento de los requisitos de elegibilidad. Se plantea impedir que personas con sentencia firme por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, violencia familiar, violencia política contra las mujeres en razón de género o que sean declaradas deudoras alimentarias morosas puedan registrarse como candidatas o ser nombradas en cargos públicos mientras subsistan dichas condiciones.
En materia de paridad, la reforma obliga a los partidos políticos a garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en candidaturas al Congreso y ayuntamientos. También faculta a las autoridades electorales para realizar ajustes en la asignación de diputaciones y regidurías de representación proporcional con el objetivo de asegurar la integración paritaria de los órganos públicos.
Respecto a los ayuntamientos, se propone que cada municipio sea gobernado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías. Los municipios que actualmente tengan menos integrantes conservarán su composición, mientras que aquellos que superen el límite deberán ajustarse en la siguiente elección municipal.
Los ahorros generados por la reducción de regidurías deberán permanecer en la hacienda municipal y destinarse, bajo principios de legalidad, honradez, transparencia y austeridad, a obras de infraestructura pública en beneficio de la población.
La iniciativa también establece que el presupuesto anual del Congreso del Estado no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal correspondiente a cada ejercicio fiscal, medida que busca incorporar disciplina financiera, equilibrio presupuestario y responsabilidad hacendaria.
Además, se fijan restricciones para que consejeros electorales, magistrados electorales y titulares de áreas ejecutivas del Instituto Electoral de Coahuila no puedan recibir prestaciones extraordinarias con recursos públicos, como seguros privados, cajas especiales de ahorro, seguros de separación individualizados o regímenes especiales de retiro que no estén previstos por la ley.
Con esta propuesta, los promoventes aseguran que Coahuila entraría a una nueva etapa de modernización institucional, con reglas más estrictas para quienes aspiren a cargos públicos, ayuntamientos más eficientes, mayor austeridad legislativa y una democracia local fortalecida bajo principios de paridad, igualdad sustantiva y transparencia
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