La versión que durante años mantuvo el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, sobre el momento en que tuvo conocimiento de los ataques contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 enfrenta nuevas contradicciones a partir de registros oficiales y declaraciones de funcionarios que formaban parte de su gabinete.
De acuerdo con documentación revisada por Animal Político, Aguirre declaró ante autoridades ministeriales que se enteró de lo ocurrido aproximadamente a las 22:30 horas. Sin embargo, testimonios de su entonces secretario general de Gobierno y del titular de Seguridad Pública, además de las bitácoras del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C-4), apuntan a que el gobierno estatal ya tenía información sobre los ataques desde antes.
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La reconstrucción de las comunicaciones adquiere especial relevancia en el contexto de las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes y después de la reciente captura del exmandatario guerrerense.
Funcionarios de su gabinete ya le habían informado
Humberto Salgado Gómez, quien ocupaba la Secretaría General de Gobierno de Guerrero, declaró que alrededor de las 21:50 horas recibió una llamada de Aguirre Rivero. El gobernador, según su testimonio, buscaba conocer qué información existía sobre los acontecimientos registrados en Iguala.
Minutos después, aproximadamente a las 22:00 horas, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, entonces secretario de Seguridad Pública estatal, también recibió una llamada del gobernador. De acuerdo con su declaración, Aguirre le ordenó trasladarse de inmediato a Iguala porque ya tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo.
Ambos testimonios fueron incorporados a las investigaciones del caso y posteriormente considerados en documentación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La secuencia de llamadas sitúa al exgobernador en comunicación con dos de sus principales funcionarios responsables de la seguridad y la gobernabilidad del estado entre las 21:50 y las 22:00 horas, antes del momento que él mismo señaló como el de su conocimiento de los hechos.
“Ya lo sé”: una llamada registrada en la investigación
Los documentos también incluyen el registro de una comunicación en la que un asesor preguntó a Aguirre si estaba enterado de lo que sucedía en Iguala.
La respuesta atribuida al entonces gobernador fue afirmativa. Según la documentación, Aguirre señaló que ya conocía la situación y que había instruido al procurador estatal, Iñaky Blanco Cabrera, y al secretario de Seguridad Pública para acudir a Iguala.
Este registro constituye otro elemento que cuestiona la afirmación de que el gobernador desconocía la gravedad de los ataques hasta las 22:30 horas.
Ángela María Buitrago Ruiz, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ha planteado incluso que las autoridades de Guerrero pudieron haber recibido información sobre las agresiones desde alrededor de las 21:16 horas.
La especialista explicó a Animal Político que desde ese momento existían reportes relacionados con disparos, agresiones y la persecución de estudiantes por parte de policías.
El C-4 documentó los ataques mientras ocurrían
Las bitácoras del sistema estatal de seguridad constituyen otro elemento relevante para reconstruir la respuesta de las autoridades aquella noche.
Los movimientos de los estudiantes eran monitoreados desde que salieron de Tixtla, aproximadamente a las 18:00 horas. La información era compartida entre los centros de comando de Chilpancingo e Iguala.
Para las 21:40 horas, el C-4 de Iguala ya había recibido avisos sobre disparos y personas heridas en las inmediaciones de la calle Miguel Hidalgo y el Periférico Norte.
Los reportes continuaron acumulándose conforme avanzaban los acontecimientos. Para las 22:30 horas, el sistema había contabilizado al menos 10 reportes de emergencia de la Secretaría de Seguridad Pública en los que se advertía que estudiantes normalistas eran perseguidos y agredidos por policías municipales.
Algunos de esos informes señalaban además que había estudiantes heridos por arma de fuego.
La información disponible no se limitaba a una alerta general. Las bitácoras permitían seguir parte del desplazamiento de los jóvenes durante la persecución, a partir de los avisos realizados por habitantes de Iguala, quienes reportaban movimientos de camionetas, detonaciones y la presencia de los estudiantes en distintas calles.
Para Buitrago, estos registros muestran que la información sobre la emergencia estaba disponible para las autoridades estatales encargadas de la seguridad.
La Policía Estatal decidió permanecer en el cuartel
Mientras se desarrollaban las agresiones, las autoridades estatales de seguridad también recibían información sobre lo que ocurría.
Según los registros citados en la investigación, alrededor de las 21:42 horas la jefatura de la Policía Estatal en Iguala determinó que sus elementos no salieran del cuartel. La prioridad sería reforzar la seguridad de las propias instalaciones y del Centro de Reinserción Social de Tuxpan.
La falta de personal fue señalada como argumento para adoptar esa decisión.
La medida habría recibido respaldo telefónico de mandos superiores, entre ellos Leonardo Octavio Vázquez Pérez, entonces secretario de Seguridad Pública estatal.
La determinación permanece como uno de los puntos que requieren mayor esclarecimiento. Buitrago cuestionó además la versión de un supuesto acuartelamiento generalizado y señaló que el análisis de las comunicaciones apunta a la existencia de policías que se encontraban fuera de las instalaciones.
Los principales funcionarios llegaron de madrugada
Aunque los registros muestran que integrantes del gobierno estatal conocían la situación durante la noche, los principales responsables de seguridad no llegaron a Iguala sino hasta varias horas después.
El informe de acciones del Gobierno de Guerrero señala que una comitiva integrada por Iñaky Blanco Cabrera, procurador estatal; Leonardo Octavio Vázquez Pérez, secretario de Seguridad Pública, y Lázaro Mazón, secretario de Salud, arribó a Iguala durante las primeras horas del 27 de septiembre, después de las 03:00 o 04:00 horas.
De acuerdo con los documentos citados, esto significa que durante varias de las horas más críticas de la agresión y de la desaparición de los estudiantes no estuvieron en el lugar los principales funcionarios estatales responsables de seguridad.
Sobre este punto también existen testimonios de sobrevivientes y del periodista Sergio Ocampo Arista, quienes han referido la ausencia de autoridades estatales y agentes del Ministerio Público durante buena parte de la madrugada.
¿Qué hicieron las autoridades después de conocer los ataques?
La reconstrucción de llamadas, reportes y movimientos oficiales coloca ahora el foco no únicamente en determinar cuándo conocieron los hechos las autoridades de Guerrero, sino también en establecer qué acciones emprendieron después de recibir la información.
Para Buitrago, los registros disponibles indican que las autoridades estatales contaban con elementos suficientes para saber que los estudiantes estaban siendo perseguidos y atacados, por lo que debieron actuar para protegerlos.
La evidencia documental también cuestiona una de las principales afirmaciones sostenidas por Aguirre Rivero durante años: que desconoció la magnitud de los acontecimientos hasta aproximadamente las 22:30 horas.
Los registros citados muestran que funcionarios de su administración ya intercambiaban información sobre los ataques antes de ese momento y que el propio gobernador mantenía comunicación con integrantes de su gabinete.
A más de una década de los hechos ocurridos en Iguala, la cronología de las comunicaciones y de los reportes del C-4 vuelve a ser un elemento central para esclarecer qué sabían las autoridades antes, durante y después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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