El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, informó que hasta el momento no se han detectado personas físicas o morales que excedan el número de concesiones de transporte permitido por la ley. Aseguró que todos los concesionarios se mantienen dentro de los límites establecidos por la legislación estatal. No obstante, adelantó que el municipio iniciará procedimientos para revisar alrededor de 16 o 17 concesiones que permanecen inactivas.
“Hasta hoy no tenemos personas físicas que sobrepasen el límite. La Ley de Transporte y Movilidad del Estado prevé que para personas físicas el tope es de 5 concesiones, para personas morales es de 10. Todas las personas físicas que tienen más de una concesión están dentro de ese límite. Algunas tienen dos o tres y nadie rebasa lo permitido por la ley”. Añadió que cualquier presunta simulación para evadir la norma tendría que acreditarse con pruebas antes de iniciar un procedimiento legal.
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Sobre la posible intervención de notarios públicos en operaciones relacionadas con concesiones, el funcionario señaló que hasta ahora no existen indicios de una actuación irregular. “Si se pudiera acreditar una mala actuación o mala praxis por parte de un notario, correspondería a la Dirección de Notarías y a la Secretaría de Gobierno emitir la sanción correspondiente. Hasta hoy no tenemos indicios de una infracción directa a la norma; hay lagunas, sí, pero todo mundo está legal”, afirmó. Asimismo, precisó que el alcalde ha sido claro al señalar que ninguna concesión será retirada mientras sus titulares cumplan con la ley.
El Ayuntamiento enfocará se en concesiones que permanecen sin operar, ya que esa situación sí constituye una causal prevista en el reglamento para su cancelación. “Tenemos aproximadamente 16 o 17 concesiones que no se han movido, no han pagado derechos e incluso no se utilizan”, indicó. Además, reveló que existe una denuncia relacionada con una presunta simulación de operaciones para la venta de concesiones. Aclarando que el papel del notario en esos casos se limita a dar fe de un acuerdo entre particulares, sin que ello represente, por sí mismo, una irregularidad.